Falsos dilemas

Renovables o nucleares, BBVA o Sabadell, universidades públicas o privadas, el regadío del Levante o la cabecera del Tajo, dragado o sellado en Portmán... La política española está simplificando debates complejos hasta convertirlos en falsas dicotomías que son especialmente útiles para polarizar los discursos, deslegitimar al adversario y forzar adhesiones activando resortes emocionales. Al presentarse los problemas con solo dos alternativas aparentemente antagónicas entre las que hay que optar, lo que casi siempre es falso, se emponzoña el debate público, se rompen los puentes de diálogo y se alimenta una división social en bloques irreconciliables. Sin duda, la falacia del falso dilema es la herramienta preferida de demagogos y populistas y la más dañina para las democracias.

Resulta preocupante y decepcionante observar cómo se utiliza la estrategia de polarización radical («o ellos o nosotros»), pues acaba erosionando la capacidad de autocrítica de la ciudadanía a lo largo y ancho del espectro ideológico. Esta semana, el relato presentado en el Parlamento por Sánchez sobre la crisis del apagón incurrió en este recurso dialéctico. Ningún experto, de los de verdad, ha puesto en cuestión la apuesta por las renovables, pero la estrategia del Gobierno consiste desde el primer momento en culpabilizar a los operadores privados y a las nucleares. El problema que plantean los especialistas está, y el presidente lo sabe, en que la vulnerabilidad del sistema eléctrico es mayor sin las inversiones en la red que puedan garantizar más estabilidad y seguridad en el suministro con una menor aportación de las nucleares, gas e hidroeléctrica en un mix con gran proporción de eólica y fotovoltaica. Hablar de los ultrarricos de las nucleares es cuando menos chocante porque son también los propietarios de las grandes fotovoltaicas. Sinceramente, sonroja que el presidente aporte cifras sobre el menor número de accidentes de tráfico y delitos en el día del apagón y no aclare las partidas de donde saldrá el incremento del gasto en defensa, decidido por el Ejecutivo sin haber consultado al Congreso de los Diputados, y mientras sí se pregunta a los ciudadanos sobre una operación corporativa entre dos empresas privadas del sector financiero.

La Comisión Nacional de la Competencia dio recientemente su visto bueno con condiciones a la opa del BBVA a Banco Sabadell, y aun así Pedro Sánchez ha decidido realizar esa consulta popular para sondear si hay razones ajenas a la competencia que desaconsejen la opa hostil. Es una consulta sin precedentes para una operación corporativa en la que la última palabra la tendrían los accionistas de ambas entidades, pero solo si previamente existe el plácet del Ejecutivo. Peculiar también porque es posible opinar cuantas veces se quiera, este sondeo parece una búsqueda desesperada de argumentos para frenar la fusión pues es conocida la oposición de Moncloa, en línea con lo manifestado días atrás por Salvador Illa y en general la mayoría social en Cataluña.

Aquí en la Región nadie nos va a preguntar desde el Gobierno por el recorte al Trasvase Tajo-Segura. Ya conocen cuál es la opinión mayoritaria. De ahí que prácticamente todos los partidos de la Región, en línea con las organizaciones empresariales y los sindicatos, y en general el conjunto de la ciudadanía, asisten con incredulidad a las nuevas reglas de explotación del Trasvase, que en consonancia con el Plan del Tajo, van a suponer una merma del 50% de la transferencia de recursos para los regantes de la Región, Alicante y Almería. Con el cierre de pozos ordenado por la UE para 2027 y las desaladoras para entonces aún sin interconectar y sin fotovoltaicas que reduzcan el precio del agua desalada, el pronóstico es desolador para el regadío del Levante, que claramente se enfrenta a una amenaza existencial.

Aquí el relato vuelve a pervertirse. El Supremo obligó a fijar un caudal ecológico para el Tajo, pero ni especificaba cuál debía ser ni que pudiera fijarse gradualmente para que al menos el ambicioso plan de inversión en desalación estuviera ejecutado a tiempo. Todo se ha querido hacer en el mismo ciclo de planificación y el resultado puede ser desastroso. Se dice que las nuevas reglas traen certidumbre. Sí, la de que habrá un 50% de agua menos para producir alimentos en el Sureste. Se perderán empleos y PIB regional, según anticipó un estudio dirigido por José Daniel Buendía, profesor de Economía Aplicada en la UMU. Negar los efectos a futuro del calentamiento global en la disponibilidad de agua en la cabecera del Tajo es tan imprudente como negar el efecto que van a tener el plan del Tajo y las nuevas reglas de explotación del Trasvase en la economía y la sociedad del Sureste. Ya lo advirtió la CHS en el Plan del Segura. Ahora su presidente ha vuelto a recordar las consecuencias, aunque sin alzar mucho la voz porque algún toque le habrán dado ya desde Madrid. No es cierto que el camino emprendido por el Ministerio de Transición Ecológica sea el único posible. Es otra falacia más. Solo una masiva movilización social puede hacer recapacitar al Gobierno central. Aquí no hay grandes empresarios con influencia en Madrid como se ve en Valencia, pero sí un numeroso y combativo colectivo de regantes y agricultores que, con razón, van a defender su derecho al agua para unos regadíos que el propio Estado planificó y declaró de interés general.