Vamos a cazar mentiras, tralará

En diciembre de 2019, las organizaciones ambientales abandonamos el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial por su nula utilidad, mientras que el decano del Colegio de Biólogos dimitió como vocal del Consejo poco después, en abril de 2020, por los mismos motivos. El cansancio y la inoperancia del Consejo Asesor venían de lejos y habían sido promovidos por los sucesivos directores generales y consejeros de los últimos años, incluidos algunos como Pablo Fernández, con estrechos lazos con el sector cinegético. En resumen, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha venido plegando a los intereses de las federaciones (y de una parte del sector cinegético) despreciando la información científico-técnica y jurídica que se aportaba. Todo ello envuelto en un ambiente de promesas incumplidas, cartas marcadas y trampas al solitario, donde el sector dispone de una amplia mayoría, que le permite aplicar el rodillo en las votaciones. No nos encontramos pues ante una cuestión de debate técnico, sino ante un problema de calidad democrática y de cumplimiento efectivo de las leyes y las sentencias judiciales, como veremos a continuación en cinco ejemplos, que no son los únicos.

El fin de la captura de fringílidos ha sido una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones ambientales. Se trata de una modalidad contraria a la Directiva Aves que consiste en la captura de jilgueros y pardillos para enjaularlos. Durante la última década, la Administración regional autorizó el enjaulado de 50.000 aves silvestres y la mismísima Asamblea Regional emitió una moción requiriendo su cese. No fue hasta 2018 cuando, tras una dura advertencia de la Comisión Europea, la directora general del momento anunció el fin de tal práctica.

Por su parte, el arruí constituye quizás el asunto más polémico de cuantos ha envuelto a la caza en la Región de Murcia. Al margen de posturas interesadas y debates estériles, un detalle jurídico relevante sigue sin cumplirse: el PORN de Sierra Espuña aprobado por Decreto del Gobierno Regional estableció, ya en 1995 un número máximo de 300 cabezas en el Parque Regional, cifra que resulta ampliamente sobrepasada y que afecta a la flora protegida del lugar.

La tibieza de la Comunidad Autónoma no resulta exclusiva de la caza, pues también la pesca fluvial ha generado situaciones difícilmente comprensibles. En 2016, una sentencia del Supremo obligó a catalogar como especies exóticas invasoras a la carpa y la trucha arcoíris. Se trata de dos especies muy apreciadas por los pescadores, pero que generan enormes problemas ambientales allí donde se encuentran presentes. Para evitar la aplicación de la sentencia, el Gobierno Regional retrasó la publicación de la Orden de Vedas (incumpliendo su propia Ley de Caza y Pesca Fluvial) a la espera de «ajustes legales».

A petición de las organizaciones ambientales, el Plan de Gestión del Noroeste decretó la obligatoriedad de someter a evaluación de repercusiones sobre Natura 2000 las órdenes de caza y pesca fluvial. De esta manera, la Administración ambiental evitó abordar cuestiones polémicas (sueltas de trucha arcoíris o caza de zorzales y tórtolas). Pero la norma resultó una treta más, pues las órdenes de vedas posteriores no se evaluaron. Como resultado de esos hechos, dos consejeros y otros altos cargos del Gobierno regional están siendo investigados por un juzgado.

El último episodio de este juego de engaño lo encontramos en la caza de la tórtola común durante la media veda. Tras años de peticiones de las organizaciones ambientales, la CARM, acorralada nuevamente por la Comisión Europea y advertida por una circular de la fiscalía, ha anunciado una moratoria de la caza de dos años. Se nos dijo que se esperaba a que la Administración estatal moviese ficha en este asunto y de hecho en el informe del Mapama se recoge que la Región de Murcia propuso «la necesidad de que dicha moratoria fuera establecida por la Comisión Europea (...), o en su defecto por el Ministerio», pero la semana pasada el director general del Medio Natural, Fulgencio Perona, votó en contra de la propuesta de proteger a esta especie (¡y al lobo!) en todo el territorio nacional.

Como tantas veces, necesitaremos de las autoridades comunitarias para que metan en vereda a nuestros gobernantes y garanticen la protección del medio ambiente, que, no olvidemos, es un derecho constitucional.