Marco legal de la electrocución de aves

Es la primera causa de muerte del águila imperial ibérica ('Aquila adalberti'), una de las rapaces más amenazadas del mundo. También es la principal causa de mortalidad del águila perdicera ('Aquila fasciata'), especie amenazada y en declive en Europa, con el 80% de su población continental en nuestro país, y con una importante población en la Región de Murcia, especialmente durante su fase de dispersión en las sierras prelitorales de Escalona, Altaona, Columbares, y también como lugar de cría, en zonas asociadas a media y alta montaña o acantilados marinos de la Región.

La electrocución ocurre cuando un animal, principalmente las aves, aunque también afecta a mamíferos y ofidios, hace contacto simultáneo entre dos conductores o cuando se produce una derivación a tierra, también por impacto o colisión.

Se ha podido constatar que el documento legal de referencia, el RD 1432/2008, no cumple las necesidades mínimas para frenar esta continua pérdida de biodiversidad, por lo que urge su modificación. Recientemente en un informe realizado a petición de WWF/España se pudieron extraer algunas conclusiones. Para empezar, el Real Decreto 1432/2008 contradice normas de rango superior, por lo que se incumple con el principio de jerarquía normativa, por consiguiente sería necesario su actualización respecto a otras normativas de rango superior como son la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la de Industria, la del Sector Eléctrico, la ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 42/2007, y la de Evaluación de Impacto Ambiental.

De manera generalizada, se ha instaurado un incumplimiento reiterado de las obligaciones legalmente previstas en dicho Real Decreto (RD) por parte de las Administraciones Públicas, tanto estatal como autonómica, y por los titulares de las líneas eléctricas.

La práctica totalidad de comunidades autónomas tienen convenios establecidos con los operadores eléctricos. Se ha podido comprobar como esta práctica está sirviendo de pretexto para excusar el cumplimiento de la ley. Convenios que en momento alguno tienen capacidad para reemplazar a las obligaciones legalmente previstas en el RD y resto de normativa afectada (como puede ser la apertura de expedientes sancionadores en el caso de existir motivos para ello, salvo la honrosa excepción de Castilla-La Mancha, donde ya se han conseguido las primeras sentencias condenatorias contra las eléctricas por electrocución de avifauna). A lo sumo, cabría la posibilidad de formalizar convenios para determinar la fórmula de ejecución del RD 1432/2008.

Otra cuestión de interés es que en el RD 1432/2008 se comprueba el incumplimiento del principio quien contamina paga, junto con otras obligaciones legales derivadas de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Además de un más que posible incumplimiento del art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por todo ello, la reforma del RD debería establecer explícitamente que, los operadores eléctricos, como responsables del daño medioambiental generado, deben asumir los costes económicos de la adaptación de los tendidos eléctricos, así como de los daños ambientales causados. En la actualidad, apenas llega al 0,1% anual la inversión realizada en la reparación de apoyos por parte de los operadores eléctricos.

La Fiscalía General de Medio Ambiente ya ha tomado cartas en el asunto, con un demoledor oficio ante la magnitud de la problemática generada. Esperemos que pronto, toda esta maquinaria legal se active, y nuestra increíble avifauna pueda sobrevolar un poco más tranquila por los montes de la Región.