Quim Torra rebaja el tono y evita desobedecer al Tribunal Constitucional

Torra, a su llegada este martes a la reunión del Govern./EFE
Torra, a su llegada este martes a la reunión del Govern. / EFE

El Gobierno catalán reformulará cuatro leyes sociales suspendidas y adapta las normas a las sentencias del tribunal

CRISTIAN REINOBarcelona

El realismo parece que empieza a imponerse en la agenda del secesionismo catalán. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aligeró ayer el alcance de unas de las promesas que lanzó el día de su investidura. Además de hacer efectiva la república, cuando asumió la jefatura del gobierno autonómico se comprometió a restablecer las leyes anuladas y suspendidas por el Constitucional en la pasada legislatura. En su discurso de fin de año volvió a repetir la promesa.

Ayer, en cambio, la Generalitat anunció que ha iniciado el proceso para elaborar una única ley que aglutine diversas disposiciones que fueron anuladas o que se encuentran suspendidas por el Tribunal Constitucional y recuperar así cuatro de las doce normas sociales impugnadas (la de igualdad entre mujer y hombre, la del cambio climático, la de las asociaciones cannábicas y la de la agencia de protección social). Eso sí, reelaborando el texto normativo para que se adapte a los autos y sentencias de la corte de garantías. Las leyes no vuelven a aprobarse tal y como se habían tramitado inicialmente, lo que suponía un desafío al Constitucional. «Queremos ver cómo podemos reformular las leyes y vehicular un nuevo texto para no colisionar con el Constitucional», afirmó la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.

Evita el choque

Torra evitó así el choque contra el Tribunal Constitucional, en su primera decisión de 2019. Mientras los más radicales le piden pasos de ruptura, el presidente de la Generalitat descartó ayer desobedecer a la corte de garantías, lo que en la pasada legislatura llenó la escena política de querellas, requerimientos e imputaciones. Poco a poco, el independentismo oficial empieza a asumir que en la Cataluña postproceso lo que toca es tener los pies en el suelo y que la gesticulación de la pasada legislatura, que llevó a declarar la independencia, no sirve en estos momentos para avanzar. Ganan posiciones las tesis de Esquerra, que desde el inicio aboga por un gobierno «efectivo», no uno que vaya tropezando una y otra vez con las querellas.

Torra rebaja el tono en vísperas del inicio del juicio del 1-O y cuando se está cocinando la próxima reunión entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat, en la que no está previsto que participen los dos presidentes, pero sí los dos vicepresidentes (Calvo y Aragonès), además de una ministra y una consejera por la parte catalana. La Generalitat señaló ayer que la fecha (prevista para enero) aún está por cerrar.

Desde que fue investido en el mes de mayo, el mandatario y su Ejecutivo han encadenado medidas de corte autonómista, según la CUP, con gestos más bien simbólicos, con los que tratan de mantener viva la llama de la república declarada en octubre de 2017 y que cada vez se aleja más. Torra juró su cargó prometiendo que volvería a investir a Carles Puigdemont, pero esta idea, aunque JxCat la recupera de manera recurrente, está cada vez más difícil, no solo por cuestiones legales, sino también porque Esquerra no quiere saber nada, como dejó patente Roger Torrent.

En la línea de la retórica más irreductible, el presidente ha impulsado además el autodenominado Consejo para la República, encabezado por el expresidente huido, aunque sin que esté del todo claro su cometido. Asismismo, Torra, que se declaró amigo de los CDR y les pidió que «apretaran» todo lo que puedan, tuvo una salida de tono cuando abrazó la vía eslovena como ejemplo para alcanzar la independencia. Mientras la épica viste sus discursos, el día a día va por otros derroteros y el Gobierno central y el autonómico han recuperado ya las comisiones sectoriales.

El Govern garantiza una vida digna a los expresidentes

La Generalitat catalana acordó ayer, en su primera reunión del año, autorizar las actuaciones a sus departamentos para «garantizar a los expresidentes de la Generalitat la atención y el apoyo que necesiten para asegurar su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida y que puedan cubrir sus necesidades personales y sociales básicas». Desde 2003, los expresidentes catalanes tienen derecho, por ley, a recibir una asignación económica. Ahora, el Govern trata de blindar la figura del exjefe del Ejecutivo en toda su extensión. La medida no tiene nada que ver con la situación de Carles Puigdemont, según la Generalitat, sino que se ha adoptado por el expresidente Maragall, aquejado desde hace años por el alzheimer.

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