La Fiscalía concluye que el 'procés' fue un «golpe de Estado» y Junqueras, su «motor»

El fiscal Javier Zaragoza durante el juicio del 'procés'./EFE
El fiscal Javier Zaragoza durante el juicio del 'procés'. / EFE

Defiende que la rebelión fue «consumada» con la DUI y con actos de violencia aunque no hubiera armas

MATEO BALÍN y MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

«La Fiscalía se lo está jugando al todo o nada» fue la certera frase con la que Francesc Homs, abogado y exconsejero de Artur Mas, resumió durante un receso la táctica que empleó este martes el Ministerio Público. Efectivamente, los fiscales lo apostaron todo a un informe de conclusiones maximalistas, sin matices, según el cual el 'procés' fue un verdadero «golpe de Estado». Nada de una simple intentona secesionista fallida o una revuelta «sediciosa». Un «alzamiento violento» perpetrado a través de una «rebelión consumada» que tuvo su punto álgido en la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017. Una asonada, con violencia aunque sin armas, que pretendió sustituir un «orden jurídico por otro», derogando parcialmente la Constitución con el objetivo «de escindir una parte del territorio nacional».

El Ministerio Público puso toda la carne en el asador con la intervención de los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Frases rotundas y durísimas acusaciones para conseguir que el Supremo condene a nueve de los 12 acusados por rebelión por «quebrantar las leyes de la convivencia, romper el orden constitucional, enfrentar a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, obstaculizar gravemente las actuaciones judiciales y destinar fondos públicos para financiar actividades ilícitas», en palabras de Zaragoza.

«Fue un golpe de Estado porque fue la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales»

«No se tomaron centros de poder porque (los rebelados) ya los ostentaban todos»

«No fue sedición porque no fue un ataque contra el orden público, sino contra el orden constitucional. La rebelión no necesita de violencia grave ni violencia armada», zanjó el fiscal para separarse de la tesis de la Abogacía del Estado, resolviendo así una de las cuestiones más polémicas de este juicio. «No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas» explicó el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Moreno, por su parte, abundó en que la tesis de las defensas de que no se puede acusar a los líderes del 'procés' de rebelión porque no hubo un alzamiento de corte casi castrense no tiene sentido. «No se tomaron centros de poder porque (los rebelados) ya lo ostentaban todos. No se trataba de que un pequeño buque asaltara al grande. Solo bastaba con cortar las amarras con el barco grande», explicó metafóricamente

En este reparto de papeles en la acusación pública, fue Fidel Cadena el encargado de disipar cualquier duda sobre la determinación de la Fiscalía de aplicar los grados más altos para la rebelión al dejar claro que el Ministerio Público cree probado que la asonada no fue fallida o inconclusa, sino que llegó a perpetrarse por completo. Nada de tentativa. «El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña», proclamó el fiscal, quien llegó a asegurar que durante el 'procés' la situación fue tan grave que «no quedó defensa de España en ese territorio (Cataluña)», lo que provocó que el Gobierno tuviera que enviar a 6.000 policías y guardias civiles para intentar impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Vox: «Cometieron el mayor delito contra el orden constitucional»

«No habrá justicia si no hay unas penas acordes al mayor delito que se puede cometer contra el orden constitucional». Con estas palabras concluyó Javier Ortega-Smith, diputado por Vox en el Congreso y letrado por parte de la acusación popular, su alegato pidiendo la máxima dureza para los líderes de 'procés', miembros de una «organización criminal que ha sido desarticulada con la detención de una parte de sus integrantes». La mano derecha de Ortega en este proceso, el también letrado y diputado Pedro Fernández, por su parte, puso el acento en la «expresión clara y plural de la violencia» necesaria para la rebelión con «la ocupación de las calles, el asedio de edificios del Estado, el aislamiento de agentes y servidores judiciales, el asedio de hoteles donde se encontraban residiendo los agentes, los cortes de carretera, las barricadas o las murallas humanas en los centros de votación».

Sin «crimininalizar»

Sentadas las bases de su acusación, el Ministerio Público se esmeró en defender el proceso judicial en sí ante las críticas en el extranjero, fundamentalmente. «El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas. Están aquí por haber intentado liquidar la Constitución, el instrumento de nuestra convivencia. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos en que la han creído necesaria. Todo ello en amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional», clamó Zaragoza, en una de sus mejores intervenciones en este juicio.

Durante cuatro horas de exposición, la Fiscalía no ocultó que tiene en su punto de mira sobre todo a dos de los acusados, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y Joaquim Forn, exconsejero del Interior. «Junqueras es el motor principal de la rebelión», llegó a afirmar Jaime Moreno, quien recordó que dos de sus principales colaboradores fueron los encargados de desarrollar El uso de la violencia no ha sido un elemento estructural las estructuras de Estado. Junqueras, «miembro destacado del sanedrín» del 'procés', fue advertido, al igual que Forn, por los mandos de los Mossos del riesgo real de incidentes en el 1-O, recordó el acusador.

«No es sedición. Estamos en el ámbito del orden constitucional y no del orden público»

«Son miembros de una organización criminal que convirtieron a Cataluña en su particular cortijo»

Sobre el exconsejero de Interior, Moreno dijo que supo que cometí aun delito «desde el principio hasta el final». Acusó a Forn de poner en marcha un plan para «simular que los Mossos cumplían la orden judicial para en realidad consentir la celebración del referéndum».

Madrigal, encargada de desgranar las acusaciones contra los exmiembros del Govern por malversación, no anduvo a la zaga de sus compañeros y fue igualmente dura. La exfiscal general, que cifró en más de tres millones el dinero público desviado, afirmó que los exconsejeros de Carles Puigdemont se constituyeron en «una organización criminal que ha convertido a Cataluña en su cortijo particular».

La Abogacía del Estado sostiene que la violencia no fue «estructural»

La Abogacía del Estado describió la misma realidad que la Fiscalía pero llegó a conclusiones diferentes. No hubo rebelión, solo sedición, porque no hubo violencia. La jefa de la Sección Penal de los servicios jurídicos reconoció este martes que en el 'procés', y sobre todo durante el 1-O, los concentrados usaron la «fuerza» para votar e impedir a la Policía y la Guardia Civil cumplir un mandato judicial. Pero una cosa, según Rosa María Seoane, es usar la «fuerza» y otra bien diferente es utilizar la «violencia». Y «el uso de la violencia no fue un elemento estructural de los acusados».

«La violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser intimidación», concedió Seoane para acto seguido recalcar que esa intimidación, no obstante, debe ser «verosímil, sería y fundada». Circunstancia que, a su entender, no ocurrió en el 'procés'. «No podemos considerar probado que la violencia, como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados», insistió la letrada del Estado.

Seoane admitió que lo ocurrido el 1-O fue un «movimiento reactivo, público y masivo» por parte de «más de dos millones de personas». «La pauta común en todos los centros fueron las concentraciones masivas dotadas de cierta organización para ese alzamiento público y multitudinario», también reconoció. Esas concentraciones -argumentó- querían impedir a las fuerzas policiales el cumplimiento de una resolución judicial.

Por ello, zanjó, que lo ocurrido aquel primer domingo de octubre de 2017 fue un clásico delito de sedición por cuanto se produjo «un alzamiento masivo, público y tumultuario» que, además, tenía como objetivo prioritario «impedir el cumplimiento de la ley».

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