Cs le da un vuelco a la ley del Mar Menor y reclama 1.500 metros libres de fertilizantes

El partido Ciudadanos, socio de gobierno del PP, le dará un vuelco a la medida estrella de la ley de Protección del Mar Menor y propondrá que se amplíe hasta los 1.500 metros la zona libre de fertilizantes junto a la laguna costera, lo cual conllevaría la eliminación de una importante franja de cultivos. La propuesta del partido liberal, dada a conocer ayer por su portavoz parlamentario, Juan José Molina, significa un desmarque de la postura que mantiene el Gobierno regional de dejar dicha franja de protección en solo 500 metros. Al mismo tiempo, Ciudadanos se posiciona a favor de la tesis mantenida por el PSOE y el Ministerio para la Transición Ecológica, partidarios de los 1.500 metros. La propuesta de Ciudadanos cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobada en la Asamblea Regional con los votos socialistas y de Podemos.

Este cambio legislativo, que será un revolcón para el Gobierno de López Miras, se hará dentro del procedimiento parlamentario para tramitar el decreto regional –aprobado en diciembre pasado– como proyecto de ley, con las aportaciones y enmiendas de los grupos políticos. El polémico decreto se encuentra en vigor, pero sujeto a modificaciones. Juan José Molina comunicó ayer la decisión de la dirección de su partido, que coincide con la propuesta que el PSOE envió a Fernando López Miras en diciembre para retocar el borrador del decreto de protección del Mar Menor.

Los regantes expresaron su rechazo a los 500 metros, como refleja la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena en su escrito de alegaciones que acaba de presentar; mientras que los ecologistas propusieron ampliar a dos kilómetros la banda libre de fertilizantes agrícolas. La totalidad de la comarca del Campo de Cartagena tiene unas 60.000 hectáreas de diversos tipos de cultivos, y la franja de 1.500 metros afectaría principalmente a la zona comprendida entre la laguna, la autopista y parte del arco sur.

Para explicar la decisión de Ciudadanos, Juan José Molina señaló que «todos los expertos consultados coinciden en que para evitar la contaminación por nutrientes de origen agrario se debe prohibir la aplicación de todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde en una franja de unos 1.500 metros, permitiendo tan solo leñoso y agricultura sostenible con estiércoles y enmiendas orgánicas bajo las técnicas y cantidades especificadas en el código de buenas prácticas agrarias».

El partido liberal añadió en un comunicado que «los criterios técnicos de preservación de nuestra laguna deben prevalecer, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es muy clara al respecto». Sin embargo, también matizó que «nuestra agricultura es perfectamente compatible con el Mar Menor si nos atenemos a estas limitaciones y a las buenas prácticas».

La dirección regional de Ciudadanos considera que con el Mar Menor «es hora de ser valientes». Por ello, indicó que su grupo parlamentario prepara un conjunto de enmiendas «para mejorar de manera consensuada la ley que se tramitará en la Asamblea Regional». Molina subrayó también que Ciudadanos «iniciará una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas al objeto de alcanzar el máximo consenso en este importante asunto». «Nos alejaremos de la crispación, del grito y del insulto, nos sentaremos, dialogaremos y buscaremos el consenso con ahínco», sostuvo Molina.

El Partido Popular estaba avisado de este movimiento de sus socios desde el mismo nacimiento del decreto. El Gobierno de coalición aprobó la norma en diciembre, la publicó en el Boletín Oficial y la envió a la Asamblea, que le dio curso a expensas de su convalidación definitiva como proyecto de ley, que fue la condición que puso el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que tiene la última palabra pese a que los consejeros naranjas respaldaron el decreto como miembros del gabinete de López Miras.

De inmediato se produjo el primer encontronazo entre ambos socios, ya que los liberales anunciaron que iban a proponer el cambio de varias medidas, entre ellas la ampliación de la franja de 500 metros. El Partido Popular advirtió de que no pensaba admitir cambios en la ley que pactó con sus socios, excepto en cuestiones muy técnicas. Los populares intentaron quitarle hierro a la situación, pero no ocultaron su malestar.

El PP se mostró ayer cauto y a la expectativa con el órdago lanzado por sus socios. El portavoz del Grupo Parlamentario, Joaquín Segado, manifestó que el Gobierno regional «hizo un gran trabajo con el decreto ley de Protección del Mar Menor. La negociación de las enmiendas empieza ahora, después de las audiencias legislativas. Tenemos voluntad de mejorar aquello que sea posible, y sobre todo, de conseguir unidad política en torno al Mar Menor. Con esa disposición vamos a negociar las enmiendas y propuestas de los grupos y las organizaciones sociales. Es el momento de buscar la unidad, sentarnos y hablar. Eso es lo que vamos a hacer», declaró.

En la misma línea, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente indicó que «no va a valorar las enmiendas que los partidos políticos hagan durante este proceso en la Asamblea. El Gobierno regional aprobó en diciembre la ley para proteger el Mar Menor, en base a criterios científicos y con el consenso de entidades y asociaciones. La Comunidad trabaja día a día para el cumplimiento de dicha ley, con control e inspección, formación e información a los sectores implicados. Una vez que la norma se está tramitando en la Asamblea, ya corresponde a los partidos políticos, mediante sus correspondientes aportaciones y negociaciones, aprobar la respectiva ley», señaló el departamento de Antonio Luengo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, firmó a principios de año una resolución recomendando ampliar la franja a 1.500 metros y recortar más el uso de fertilizantes, a lo que se opuso el consejero Antonio Luengo, indicando que primero había que conocer la eficacia de las medidas contenidas en el decreto. El PSOE regional no se pronunció ayer sobre la propuesta de Ciudadanos.