Los vecinos de Barriomar expropiados por el soterramiento del AVE recibirán unos 6 euros mensuales por metro cuadrado

Seis euros por metro cuadrado y mes. Era más que un secreto a voces que la continuidad de la Fase 2 de las obras del soterramiento estaba pendiente, entre otras cuestiones, de la expropiación de unas 150 viviendas en la orilla de la vía, a su paso por Barriomar. No fue hasta la mañana de ayer cuando por fin se explicitó públicamente este extremo en boca de un responsable político, en este caso el secretario general del PSRM, Diego Conesa.

El líder socialista no solo cuantificó las fincas afectadas y el plazo de ejecución de los trabajos (unos 3 años), sino que puso sobre la mesa el posible justiprecio que maneja el Ministerio de Fomento (6 euros mensuales/m2). Y lo hizo acompañado del portavoz municipal del PSOE, José Antonio Serrano, y ante representantes de la Asociación de Vecinos de la Purísima-Barriomar, convocante de la protesta prevista para el próximo 10 de diciembre. La idea de este encuentro era la de transmitirles, una vez más, que «el soterramiento integral es un compromiso del PSOE y no se va a parar», aunque no se dio ninguna fecha concreta para el inicio de las obras.

Adif, dijo Conesa, destinará entre 4,5 y 5 millones de euros a pagar la «expropiación de uso» de las fincas afectadas, de las que 120 son viviendas, para poder alquilar una alternativa, si así lo desean, durante el periodo de obras. De esta manera, el propietario de una vivienda tipo de unos 100 metros cuadrados percibirá unos 600 euros mensuales. «Tendrán el trato que se merecen», añadió.

Sin embargo, muchos de los vecinos directamente afectados por la futura expropiación seguían en la mañana de ayer huérfanos de comunicaciones directas. Con la ansiedad generada por una incertidumbre que los corroe, unos 80 residentes en las viviendas colindantes a los raíles -liderados por un expedáneo popular, precisaron fuentes socialistas- se reunieron el pasado domingo en su barrio para empezar a organizarse. A nadie le gusta ser el último en enterarse de algo que le atañe, y esa empezaba a ser su situación, desde que, el pasado 24 de julio, leyeran por primera vez en una información publicada en LA VERDAD que sus domicilios tendrían que ser posiblemente desalojados para acometer los trabajos.

Si muchos de ellos, incrédulos, escucharon el domingo por primera vez que deberían abandonar sus viviendas en algún momento, fue a través de la prensa como tuvieron conocimiento del encuentro del líder socialista con la asociación de vecinos y de la propuesta de indemnización que se está preparando. «Ahora nos toca valorarla, aunque todavía no se nos ha planteado formalmente», comentaba Manuel Muñoz, portavoz de los vecinos movilizados, apreciando que, al menos, no se ha utilizado como referencia para el cálculo el valor catastral de los inmuebles, algo que les hubiera perjudicado gravemente. Sin embargo, algunos de los residentes ya comentaban que les parecía una cantidad insuficiente.

Por su parte, el PP, por boca del concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta del Ayuntamiento, Antonio Navarro, exigió ayer que «la Delegación del Gobierno convoque de manera urgente a los 150 afectados», los cuales, a su juicio, ya debían haber sido invitados al encuentro de ayer con la Plataforma Pro Soterramiento.