Varapalo del juez al PSOE por respaldar una denuncia «para obtener rédito político»

En un auto notificado este miércoles, el juez José Fernández Ayuso -que sustituye en este caso a David Castillejos debido a su abstención- subraya que en esta nueva denuncia no se aprecian hechos diferentes a los plasmados en 2019 en la primera y en los que la justicia no apreció delito. Explica que el PSOE presentó escrito el pasado enero para personarse como acusación popular en esta causa y que el instructor le requirió una fianza de 15.000 euros que abonó que ha recurrido - en una decisión aún pendiente de resolución-.

«Hay un déficit estructural de recursos humanos y materiales -en este caso- en el Servicio Murciano de Salud, unido a una alta demanda de solicitud de asistencia sanitaria y que ha podido devenir en fatal desenlace en el caso de muchos pacientes, no pudiendo admitirse denuncias prospectivas y no basadas en indicios sólidos de responsabilidad criminal».

El magistrado para dar carpetazo al asunto trae a colación uno de los párrafos del auto que ya archivó la primera denuncia en 2019: «el problema de las listas de espera en la Sanidad Pública y, en concreto, del Servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Virgen de La Arrixaca, y las posibles malas consecuencias que ello pueda tener para los pacientes, tal como se plantea el tema, es cuestión completamente ajena a la vía penal, siendo cuestión política que afecta al sistema sanitario español en su conjunto, o, en su caso, como máximo, cuestión administrativa». El juez incide en que ese auto fue confirmado por la Audiencia en abril de 2020 y que la Fiscalía tampoco apreció delito.

En esa denuncia, los facultativos apuntaban a un jefe de servicio del centro y a cinco altos cargos de la Consejería por supuestos delitos de prevaricación, homicidio por imprudencia o malversación de caudales públicos. Entre ellos se señalaba al actual consejero de Salud, Juan José Pedreño; el anterior consejero, Manuel Villegas y el director gerente del SMS, Francisco José Ponce -representados por el abogado Evaristo Llanos-El magistrado dicta el sobreseimiento libre y el archivo de la causa. La resolución aún puede ser recurrida.

Los dos cirujanos que impulsaron esta denuncia fueron duramente sancionados por el SMS en abril de 2018 como responsables de la comisión de faltas muy graves en el ejercicio profesional. La Administración llegó a imponer dos años y un día de suspensión de funciones para Parra y cuatro años, tres meses y un día para su compañero Ray López. La resolución, sin embargo, fue recurrida por estos y sigue pendiente del pronunciamiento judicial, por lo que no ha podido ejecutarse, según explicaron fuentes sanitarias.

Los expedientes disciplinarios contra ambos médicos se abrieron a raíz de la denuncia presentada en 2018 por catorce profesionales de enfermería de La Arrixaca, que desvelaban presuntos incumplimientos graves de sus obligaciones por parte de estos facultativos. Básicamente el procedimiento apuntaba a que se negaban a revisar a pacientes que habían sido operados.