UGT propone una huelga en la Comunidad una semana antes de las elecciones del 28-M

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, ha acusado este lunes al Ejecutivo autónomo de «deslealtad» con este sindicato y con CC OO, con los que llevaba desde diciembre del pasado año negociando la semana de 35 horas, al no reconocer en última instancia el principio de acuerdo para empezar a aplicar este recorte de la jornada laboral a partir de junio. «Están jugando con las expectativas de los empleados públicos», añadió.

Por este motivo, el sindicato ha decidido iniciar un programa de movilizaciones que tendrán lugar «cada semana en la sede de una consejería distinta», y que «culminará con una gran manifestación y una huelga general en la Administración regional la semana antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo», según ha explicado Martínez Peñaranda.

UGT tiene intención de proponer a otros sindicatos que se sumen a esta propuesta de movilizaciones, empezando por sus compañeros en la negociación, el sindicato CC OO, cuyo secretario general en la Región, Santiago Navarro, no ve con malos ojos la propuesta. «No descartamos la huelga general, pero antes debemos reunirnos para decidir la fecha», comenta Navarro, quien también coincide en la necesidad de las movilizaciones «mientras el Gobierno no cumpla con su palabra y no respete el preacuerdo».

Ambos sindicatos anunciaron en rueda de prensa el pasado viernes un preacuerdo con el Gobierno regional para rebajar en dos años de las 37,5 horas semanales que ahora realizan los funcionarios a las 35 que reclaman, empezando con el recorte de una hora a partir de junio. Pero el Gobierno, más partidario de retrasar a septiembre el inicio de la rebaja, lo desmintió y aseguró que las negociaciones seguían abiertas, lo que generó el malestar de UGT y CC OO.

La Consejería de Economía y Hacienda, interlocutor del Ejecutivo en las negociaciones con los sindicatos, calcula que el coste de implantar las 35 horas superará los 130 millones y propone retrasar a septiembre su aplicación.

Otros sindicatos de funcionarios han criticado este proceso de negociación, al considerarse excluidos del mismo. El CSIF difundió ayer un comunicado en el que indicaba que «un tema tan serio a nivel profesional como económico debería haberse tratado desde el principio en la Mesa General de Negociación, y no en reuniones secretas, comunicados de prensa, para acabar en dimes y diretes, entre estos actores políticos y sindicales».