El Gobierno central sortea el último trámite para recortar el Trasvase

El contenido de estas observaciones se desconoce por el momento y, en función de su importancia, pueden ser incluidas en la redacción final del real decreto que aprobará el Consejo de Ministros, probablemente el próximo martes, dada la urgencia reclamada por la ministra. Los dictámenes del Consejo de Estado son preceptivos pero no vinculantes para el Gobierno, que puede aceptar o ignorar las recomendaciones. Los miembros de la Comisión Permanente de este organismo, presidido por la exministra Magdalena Valerio, despacharon ayer 27 consultas de otros proyectos y leyes del Gobierno.

El conocimiento público de las observaciones o recomendaciones del Consejo de Estado está en manos del Ministerio, que es el órgano que hizo la consulta. Una vez perfilado o modificado el texto, si llega el caso, los planes de cuenca se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes del fin de 2022, informa EP. El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba unos 5.000 folios, entre ellos figuran los polémicos caudales ecológicos y su impacto en el Trasvase; una subida de volumen que rechazan los gobiernos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, y defiende Castilla-La Mancha.

El Ministerio remitió al Consejo de Estado su propuesta de real decreto –modificada a última hora a favor del presidente castellanomanchego Emiliano García-Page– y solicitó un dictamen por el procedimiento de urgencia antes del 20 de enero, como avanzó esta Redacción. El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García. Este organismo también analizó el proyecto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.

Los dictámenes del Consejo de Estado no coinciden a veces con la posición del Gobierno, aunque este no está obligado a cambiar de criterio. Por ejemplo, hubo claras discrepancias sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central contra el Ejecutivo murciano al impugnar varios artículos de la ley de Protección del Mar Menor, por una supuesta invasión de competencias estatales. El Consejo de Estado consideró que no había base para recurrir, pero el Consejo de Ministros siguió adelante.

El consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, cree confirmado «que el Gobierno socialista mantiene su hoja de ruta para cerrar el Trasvase, un camino iniciado en 2018 por Pedro Sánchez, cuando anunció el fin de los trasvases». Tras conocer que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen unánime sobre el proyecto de real secreto, Luengo indicó que esta iniciativa prevé «un recorte del 50% del Tajo-Segura, condenando al Levante con una medida sin precedentes». Apostilló que desconoce «el contenido y el sentido de los comentarios de sus consejeros». «Lamentablemente, somos conscientes de que lo que el Consejo de Estado haya alegado no sirve de nada si el Gobierno de España aplica su rodillo y aprueba su documento tal y como tiene previsto», indicó Luengo.