El Supremo se replantea si corresponde pagar a la banca el impuesto a las hipotecas

Ante el terremoto provocado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el alto tribunal decidió ayer rectificarse a sí mismo. Apenas 24 horas después de publicar el fallo por el que obligaba a la banca a cargar con el gasto de ese tributo, en vez del cliente, el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, paralizó de facto su aplicación en una inusual decisión en el seno de la más alta instancia judicial del Estado.

El Supremo está ahora abocado a decidir en los próximos días si el «giro jurisprudencial» -así lo denomina literalmente- de la resolución del pasado martes día 16, en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo establecía la obligación tributaria sobre la banca, «debe ser o no confirmado» con respecto a la sentencia dictada en marzo por parte de otra Sala, la de lo Civil, en la que el alto tribunal indicaba que eran los compradores los obligados tributarios para liquidar el AJD frente a las entidades.

Por eso, será el Pleno de la Sala el que decida cuál de los dos criterios, completamente antagónicos, es el que prevalece, tal y como ayer informó Díez-Picazo, quien instó a elevarlo a ese órgano. El presidente de la Sala Tercera no fue informado por el tribunal de la trascendental sentencia dictada el pasado martes, y conocida el jueves. Según han señalado fuentes del Supremo, la decisión del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formada por seis magistrados y presidida por Nicolás Maurandi, no fue comunicada al presidente de la Sala, que se enteró «por la prensa» de la resolución, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero.

Esta evidente falta de comunicación entre los integrantes de la Sección Segunda y Luis María Díez-Picazo provocó el malestar de este. Las citadas fuentes han afirmado que de haber conocido la sentencia y el «giro radical» en el criterio jurisprudencial que adoptaban sus compañeros hubiera elevado de inmediato al Pleno el debate sobre la confirmación o no del mismo. El citado Pleno está conformado por los 31 integrantes de la Sala Tercera.

El presidente hizo uso de sus facultades y tomó esta decisión ayer, 24 horas después de que la resolución supusiera un auténtico terremoto en el sector bancario, que ha estimado la repercusión en varios miles de millones, y los cientos de miles de ciudadanos hipotecados que se habrían beneficiado en caso de que la sentencia de la Sección Segunda -que contó un solo voto particular de los seis en liza- hubiera tenido efectos inmediatos.

Por ahora, el Supremo ha acordado «dejar sin efectos todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar» al del caso que llevó al Ayuntamiento de Rivas a demandar a la Comunidad de Madrid por este asunto. El fallo a favor del consistorio madrileño sí es firme, independientemente de lo que decida finalmente el Supremo con respecto al resto de casos.

La sentencia publicada el pasado jueves ha resultado tan llamativa que el propio tribunal ha tenido que reconocer que el fallo «supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado». De hecho, ha actuado «habida cuenta de su enorme repercusión económica y social». Aunque no hay un plazo fijado para que el Pleno se pronuncie sobre cuál es el criterio definitivo, el impacto social que ha tenido este caso acelerará previsiblemente todos los procesos y la cuestión podría estar resuelta en días, posiblemente antes de que finalice este mes de octubre.

La rectificación asumida por el tribunal sorprendió a los millones de hipotecados que ya estaban pensando cómo reclamar el dinero pagado en el AJD cuando compraron sus casas; y a los bancos, que se preparaban para una nueva oleada de demandas judiciales. Todo queda ahora en el aire, con la correspondiente incertidumbre legal para una y otra parte. El Supremo se había limitado a anular un artículo del Reglamento que desarrollaba la ley del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el referido a quién debía hacer frente a su pago. Pero nada decía sobre la retroactividad que podría tener esa decisión con las hipotecas en vigor, cuyos titulares ya lo habían abonado, más aún teniendo en cuenta que hace seis meses mantenía una posición opuesta.

La reacción de las organizaciones de consumidores fue muy crítica con esta nueva interpretación. La situación llegó a ser tan paradójica que a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le sorprendió la rectificación en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde indicó que su departamento estaba estudiando desde el jueves «el alcance de esa decisión» de cara a posibles devoluciones. Y aclaró que cuando los servicios jurídicos analicen el impacto «se coordinará con las comunidades» para resolver este conflicto, que aún sigue sin aclarar en manos del Supremo.