Un sistema permitirá detectar la ocupación ilegal de viviendas de forma temprana a través del móvil

La Consejería de Fomento e Infraestructuras y las empresas suministradoras de agua Hidrogea y Emuasa establecieron este martes un protocolo de colaboración que persigue «detectar de forma temprana los casos de ocupación ilegal de viviendas, que es la mejor manera de evitar que estos problemas se enquisten». Así lo anunció el consejero, José Ramón Díaz de Revenga, quien mantuvo una reunión con el gerente de Emuasa, Rafael Gómez, y la directora general de Hidrogea, Inmaculada Serrano.

Estas empresas, según explicó el consejero, tienen un sistema de «telelectura» que sirve para localizar estos casos de forma temprana. Así, los propietarios que tengan contadores de agua dados de alta en viviendas vacías «pueden poner una alerta en ese contador, de manera que si empieza un consumo de agua irregular recibirán una alarma rápidamente. Ese aviso puede significar bien que tiene una avería, bien que tiene una ocupación». Esto no solo beneficiará a los usuarios, dijo Díaz de Revenga, sino también a las empresas, «que también son víctimas porque la práctica habitual de los 'okupas' es piratear las instalaciones para robar el agua y otro tipo de suministros» .

Este servicio de alerta se podrá instalar en el teléfono móvil de los usuarios a través de los propios contratos con las empresas de agua y dentro de las aplicaciones digitales que ofrecen las tecnologías de la información para «ayudarnos a luchar contra esta lacra social y detectar los casos de forma temprana», explicó Díaz de Revenga.

Aunque las empresas no ofrecieron datos sobre los enganches ilegales que se producen en la Región en la actualidad, el consejero sí señaló que la ocupación ya ha crecido en la Comunidad alrededor de un 20% hasta septiembre en comparación con todo el año pasado. Fuentes de la Consejería se refirieron después a los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, que refleja que los casos de viviendas ocupadas de forma ilegal han pasado de los 147 de 2019 a los 176 en lo que llevamos de año.