El sellado de un pozo estrecha el cerco a la agricultura intensiva en el Noroeste

Ocho meses después, hace apenas unos días, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), llevó a cabo la clausura forzosa de un pozo ilegal en una finca caravaqueña situada a 50 metros del río Quípar, entre las pedanías de La Almudena y Los Royos. Lo ha hecho después de trece años de batalla administrativa y judicial contra el propietario, y en plena producción de brócoli en la parcela. Los técnicos del organismo que preside Mario Urrea, y que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), actuaron en la parcela Los Pocicos, situada en el paraje de la Cañada de Tarragoya, con apoyo de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

La clausura de este pozo exigió el uso de una grúa y de distinta maquinaria, e incluyó la clausura del agujero de extracción con tierra y hormigón y el desmantelamiento de una red de tuberías. «Los interesados tuvieron oportunidad de llevar a cabo el sellado voluntariamente utilizando sus propios medios, pero declinaron esta posibilidad, de manera que lo hizo la CHS, en perfecta colaboración con la patrulla Seprona de Caravaca de la Cruz», indicaron fuentes de la Confederación. Los gastos «serán repercutidos a los titulares».

Se trata de la primera gran intervención de este tipo en el Noroeste de la Región de Murcia en varios lustros. Este sellado recuerda, además, a los realizados en el Campo de Cartagena y en el Valle del Guadalentín, por la afección al Mar Menor y a los acuíferos, y puede marcar un antes y un después en esta área de la Comunidad. La CHS tramita expedientes relativos a distintas zonas y el Ayuntamiento de Caravaca ha lanzado un plan de acción, que incluye la realización de un inventario de pozos, sondeos y balsas de riego, y ha reclamado más controles y sanciones a la CHS, el Seprona y la Comunidad Autónoma (consejerías de Medio Ambiente y Agricultura).

En el Noroeste y el Altiplano de la Región, y en la zona sur de la provincia de Albacete, la transformación de miles de hectáreas de secano no ha dejado de crecer. Entre las causas de este fenómeno está la presión de CHS, Guardia Civil y Fiscalía para restablecer la legalidad en la cuenca marmenorense -el Miteco ha desmantelado ya 9.000 hectáreas de regadío no autorizado-; y la búsqueda, por empresas del sector agroalimentario, de terrenos alquilables y con acceso al agua en lugares con temperaturas más suaves, en un contexto de cambio climático.

Agregaron que el pozo «carecía de título administrativo que amparara su construcción y explotación» y que la CHS ordenó la ejecución subsidiaria del sellado, conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Antes, los interesados «intentaron la anotación del sondeo en el Catálogo de Aguas Privadas y su regularización en virtud de otras opciones». Pero «el procedimiento sancionador y los expedientes de regularización» confirmaron que debía restituirse la legalidad.

Sobre por qué ha tardado trece años en sellar, «desde la denuncia que inició las actuaciones (en junio de 2012)», la CHS apunta a la complejidad de los trámites administrativos y judiciales, los derechos y plazos que la ley reconoce a los denunciados y la falta de medios humanos y materiales de la Confederación. A ello hay que sumar la saturación de la Administración de Justicia.

La asociación Caralluma denunció ante el organismo de cuenca que la presunta extracción ilegal de 162.000 metros cúbicos al año en Los Pocicos arrancó en el año 2011, y sus «graves perjuicios económicos y medioambientales». Este colectivo avisó de que el 'pinchazo' afectaba «necesariamente al caudal del río Quípar y al Lugar de Interés Comunitario (LIC) del mismo, aguas abajo de la Cañada de Tarragoya, y a los regadíos tradicionales de Caravaca y Cehegín que dependen del acuífero y del río». También el colectivo Consejo de Defensa del Noroeste ha denunciado la situación de este pozo, que según sus cálculos se ha usado para regar 40 hectáreas de brócoli. La Confederación no concretó el volumen de agua detraída del dominio público hidráulico.

En la CHS sí señalaron que el propietario acudió al juzgado, en la vía contencioso-adminitrativa, «para intentar regularizar el pozo», e incluso pleiteó ante el Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso en marzo de 2020. Además, en paralelo, tramitó un expediente administrativo de «reconocimiento de usos consolidados, al amparo del artículo 36 del Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura», y también elevó este asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que falló en su contra en diciembre 2021.

No fue hasta finales de 2022 cuando el dueño «abonó el presupuesto provisional de ejecución subsidiaria» y hasta este año 2025 cuando «fue citado para la ejecución material» del sellado, apuntó la CHS. Y argumentó: «Se ha de considerar que la Administración no dispone de los medios materiales y humanos específicos para la realización de tales actuaciones». Precisaron que tuvo que «habilitar un mecanismo que permitiera ejecutar las obras», a través de «un encargo a medios propios de Tragsa, formalizado en 2024».

En cuanto a otros expedientes relativos a extracciones ilegales, la CHS tiene en su punto de mira un pozo denunciado desde hace años por colectivos vecinales. Está en el paraje La Tejera, cerca del Cortijo Moya. La Confederación prevé abrir un procedimiento sancionador «en un corto periodo de tiempo», «con las mayores garantías» para Administración y «expedientados». Además, avisa: en la Vega Alta del Segura, en las cuencas de los ríos Quípar y del Argos, «el número de expedientes es elevado»; y «en aquellos casos en los que finalmente los pozos no hayan podido ser regularizados», si no son «sellados voluntariamente por sus titulares», entrarán en «un procedimiento de ejecución subsidiaria».

El Ayuntamiento de Caravaca, con su alcalde José Francisco García (del PP) a la cabeza, ha redoblado su presión para que la CHS y el Seprona incrementaran las medidas de control y sanción. El Consistorio sigue avanzando en su Plan de acción de control de aguas subterráneas de sondeos y pozos. Este incluye la elaboración de un inventario de balsas y superficies de riego del municipio, incluidos pozos y sondeos, con «identificación de parcela y polígono», mediante técnicas de detección por satélite.

«Nuestros agricultores llevan años padeciendo una situación de sequía y se están viendo afectados por grandes empresas del sector ajenas a nuestro territorio que esquilman nuestros recursos por encima de lo permitido y no aportan ningún tipo de valor añadido ni riqueza al municipio», indica el Ayuntamiento en su plan.

Añade que Caravaca «enfrenta una problemática creciente relacionada con la escasez y descontrol en el uso de los recursos hídricos», y que «entre las principales preocupaciones se encuentran la reducción significativa en el caudal de fuentes y manantiales históricos, la proliferación de infraestructuras no reguladas como pozos, sondeos y balsas de riego, y el impacto de estas actividades en los acuíferos subterráneos y las surgencias naturales». «Estas circunstancias afectan directamente la sostenibilidad ambiental, económica y social del municipio, poniendo en riesgo el patrimonio natural y el bienestar de sus habitantes».