Salud sigue sin despejar la incógnita de si asumirá las directrices del Ministerio

La desescalada en la Región de Murcia está en estos momentos regulada por dos normas en colisión: la aprobada por el Consejo Interterritorial la semana pasada, que fue publicada este sábado por el Gobierno central en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la Orden que la Consejería de Salud elevó el miércoles al Boletín Oficial de la Región (Borm). De momento, es esta última la que resulta de aplicación, a la espera de que el Ejecutivo autonómico aclare si se sumará a las comunidades que han decidido ignorar al Ministerio o si asumirá las directrices emanadas del Consejo Interterritorial, trasladándolas al Borm.

«La publicación en el BOE no es de obligado cumplimiento hasta que no se incorpore en la normativa autonómica», explicó este sábado la Consejería. Sin embargo, este departamento no aclaró si así lo hará. Fuentes de Salud se limitaron a señalar que el Comité Covid analizará este lunes «las medidas en función de la situación epidemiológica, y se informará de la normativa y medidas que se aplicarán en la Región de Murcia en las próximas semanas».

De momento, la Consejería se mantiene al margen de la batalla judicial que abanderan otras comunidades gobernadas por el PP. El Ministerio de Sanidad ha decidido finalmente echar toda la carne en el asador y no dejar como meras recomendaciones las polémicas restricciones a la hostelería y al ocio nocturno aprobadas por el Consejo Interterritorial, con el rechazo o la abstención de las comunidades autónomas más pobladas, que albergan a cerca de dos tercios de los habitantes de España. Las limitaciones y prohibiciones para este verano son -ahora sí, de manera oficial y negro sobre blanco- «obligadas» para las comunidades.

Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Melilla fueron los territorios que se abstuvieron o votaron en contra del acuerdo. La mayor parte de ellos ya han anunciado que no acatarán el protocolo, aunque Murcia mantiene la incógnita. Los servicios jurídicos de varias comunidades estudian desde el jueves por la mañana la posibilidad de plantear recurso contra el acuerdo del Interterritorial. Una nueva escaramuza que va a convertirse en el enésimo capítulo de la judicialización de la lucha contra la pandemia.

Según las informaciones recabadas por este periódico, los borradores en los que trabajan los dos territorios que ya han decidido recurrir (Madrid y Castilla y León) y los que estudian al menos otras comunidades son muy similares y tienen intención de dirigirse a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El argumento central, en síntesis, es que el Interterritorial no puede imponer su criterio porque es un mero órgano de coordinación técnica entre técnicos (que no políticos) de las diferentes administraciones territoriales.

Los alegatos pretenden incidir en el artículo 69 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue el que en 2003 dio carta de naturaleza a este foro, al que definió exclusivamente como un «órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado».

Por su parte, el Gobierno central pone el acento en que el Interterritorial no es más que una «conferencia sectorial» y que, por tanto, tiene que plegarse a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en 2015 bajo la mayoría del PP, cuyo artículo 151 establece que «cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial (.) será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto».