Ribera lo deja casi todo patas arriba

Esta es la herencia que deja Teresa Ribera a su sucesora Sara Aagesen, después de seis años y medio al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Un legado en el que habría que incluir, como apéndice, el muy controvertido proyecto de la dársena de contenedores de El Gorguel, que fue tumbado en mayo por su equipo, el cual puso además restricciones a la ampliación de Barlomar en Cartagena.

Ribera ha recibido finalmente luz verde a su nombramiento como vicepresidenta y comisaria europea de Transición Justa, Limpia y Competitiva y encargada de Competencia, tras una dura batalla política en Bruselas y en España suscitada por su polémica gestión con motivo de la DANA que ha asolado Valencia: la oposición la acusa de esconderse, de inacción, de comparecer tarde y de estar incapacitada para el cargo de la CE; mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez apoya su actuación y señala a Carlos Mazón.

En este contexto, la exministra inicia su etapa europea, para lo cual ha variado incluso su discurso contra la energía nuclear. Queda por ver hasta qué punto influirá en el desarrollo del Pacto Verde Europeo, una posibilidad que despierta recelos en el campo.

La gestión de Ribera en la Región ha estado estrechamante ligada a la del secretario de Estado Hugo Morán, pendiente ahora del nuevo equipo. Su política en el Ministerio ha cosechado partidarios y detractores: por un lado las organizaciones ecologistas, colectivos de defensa del Mar Menor, parte de la comunidad científica y entidades conservacionistas; y por otro lado, el sector agrícola y ganadero, muchas organizaciones empresariales y los gobiernos regionales en manos del PP, que reprochan a Ribera su dogmatismo ideológico.

Además del sector agropecuaria –sobre todo los regantes del Trasvase y el Campo de Cartagena–, quienes se sienten particularmente aliviados con su marcha son sus propios compañeros del PSOE murciano, quienes confiesan a puerta cerrada cómo han sufrido la gestión de Ribera, con su correspondiente coste electoral, sobre todo en lo referente al Trasvase y al agua. Estos han tenido que seguir las directrices que marcaba la exministra en los asuntos que conciernen a la Región.

Sin margen para la autocrítica, Ribera deja una senda marcada que difícilmente variará su sucesora Aagesen, sobre todo en materia de agua, según los regantes. Puede que se ralenticen algunos proyectos, lo cual no sería una buena noticia para Portmán, el Mar Menor o la desalación.

Ribera empleó tres años en presentar su Plan de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor –que corrigió otro anterior cuya DIA aprobó su departamento–, y el grado de ejecución es bajo otros tres años después, aunque su equipo señala que a partir de ahora se acelerarán las inversiones. Quedan dos años para que dicho plan esté completado, aunque según reconoce el Ministerio en su último Informe de Avances de septiembre, el compromiso de gasto es de 117,8 millones (el 17,46% del presupuesto actualizado que alcanza los 675 millones); mientras que lo realmente ejecutado son 83,35 millones.

La baja ejecución ha suscitado la inquietud de vecinos y ecologistas, que reclaman mayor celeridad para actuar en la laguna, cuya situación es estable pero no está recuperada, según el IEO-CSIC. En su haber, el Ministerio mantiene el control a través de la CHS sobre la actividad agropecuaria en el Campo de Cartagena para preservar el acuífero y frenar la contaminación difusa. Ribera ha adoptado una política de soluciones basadas en la naturaleza, contraria a las soluciones 'grises' (infraestructuras), lo cual choca con la reclamación del Gobierno regional y de parte de la comunidad científica de actuar directamente en el acuífero para rebajar su nivel freático. Ribera también se ha mostrado firme en defensa de la personalidad jurídica del Mar Menor, y en contra de la desprotección del ecosistema lagunar que se derive de la reforma de la ley autonómica que tramita la Asamblea. El Gobierno regional, en lo que le atañe, no puede alardear de su gestión.

La nueva ministra, Sara Aagesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía, tendrá que lidiar también con la patata caliente de la bahía de Portmán, un fracaso patente de Teresa Ribera, cuya primera intervención se remonta al año 2011, cuando aprobó el proyecto de regeneración siendo secretaria de Estado de Cambio Climático. Las obras se paralizaron en 2016 por imposibilidad técnica debido a las deficiencias de aquel proyecto. En 2019 se anunció otro que resultara viable, pero que aún no ha concretado el Ministerio. Portmán lleva 30 años esperando su regeneración después de que cesaran los vertidos de los estériles mineros.

Ningún Gobierno de España ha sido capaz de resolver el déficit de agua de la cuenca del Segura, y Ribera no es una excepción. En lo que va de siglo, hay un logro que cabe atribuir a su compañera de partido, Cristina Narbona, que garantizó el abastecimiento a la población mediante las desaladoras, y con suma rapidez. Ribera deja una situación preocupante para los regadíos del Levante. Ha sido inflexible con el recorte del Trasvase, desoyendo y criticando a sus propios técnicos, que propusieron una fórmula menos contundente.

Contraria a los trasvases, la ministra saliente añade a su legado la reforma de las reglas de explotación, cuyo alcance aún se desconoce pero que los regantes intuyen que no será bueno. La inquietud de éstos se acrecienta porque no ven las compensaciones prometidas con la desalación (las conexiones están en pañales), y temen que la situación empeore en 2027 con el cierre de acuíferos sobreexplotados.

La DANA de Valencia ha dejado en entredicho la política ministerial reacia a las infraestructuras hidráulicas, entre ellas las obras para frenar las inundaciones. A esto se suma la duración de los trámites de evaluación ambiental, la burocracia administrativa y la escasa disponibilidad presupuestaria, unos lastres que sufre de forma particular la cuenca del Segura: presas proyectadas que se eternizan, la interconexión pendiente de las desaladoras, y aquello que huela a hormigón.