Los regantes temen que el caudal ecológico y la petición de agua de Madrid cierren el Trasvase

Los regantes libran otra batalla clave para la supervivencia del Trasvase Tajo-Segura: el próximo incremento de los caudales ecológicos en Aranjuez y las demandas del Canal de Isabel II para abastecer a la población de Madrid pueden provocar el cierre del acueducto, ya que se reducirían en 138 hectómetros anuales las reservas para transferir a la cuenca del Segura, como denunció ayer el presidente del Sindicato de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez.

Este colectivo dio la voz de alarma ante el «grave» peligro al que se enfrenta el acueducto debido a la propuesta del Ministerio para incrementar los caudales ecológicos en el Tajo. En el mejor escenario «desaparecerá un volumen importante de la agricultura del Levante, junto a un incremento inmediato de la tarifa del agua», advirtió Jiménez tras reunir a su junta directiva en la Cámara de Comercio de Murcia.

El Scrats alegará este mes contra el Esquema de Temas Importantes (ETI) del nuevo plan hidrológico del Tajo, para rechazar el incremento propuesto por el Ministerio de 2,5 metros cúbicos por segundo de caudal entre los embalses de cabecera y Aranjuez (pasarían de 6 a 8,5), lo cual supondrá un recorte en el Trasvase de 78 hectómetros anuales.

Esta reducción será mayor si se acepta la petición del Canal de Isabel II de Madrid de 60 hectómetros para atender la demanda de la población. Sobre esta base, con la propuesta de caudales ecológicos, el descenso de los envíos de agua al Levante se estiman entre el 18% para uso urbano y hasta el 21% para el regadío, con cinco años de trasvases nulos. Si se aprueba la solicitud del Canal de Isabel II, el recorte del Trasvase oscilaría entre el 35% y el 38%, con envíos nulos durante seis años.

En el primer caso, los llamados desembalses de referencia -el agua que sale de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para los usos propios de la cuenca del Tajo- aumentarían de los 365 hectómetros actuales a los 443; mientras que si se aprueban las demandas de Madrid, esos desembalses aumentarían hasta los 503 hectómetros de media.

Estas cifras, advirtió Jiménez, pueden suponer la «desaparición de una infraestructura vital» para la agricultura del sureste peninsular, para la sociedad levantina y para la población, a la vez que incidió en que la reducción de caudales del Tajo tendría que suplirse con agua desalada, cuyo precio es ostensiblemente superior. En este punto, subrayó que la desalación llevaría a la ruina a las pequeñas y medianas comunidades de regantes.

«Nosotros no somos el factor mentiroso. Cuando decimos que viene el lobo, es que viene el lobo», manifestó. El Scrats ha analizado técnicamente la propuesta del ETI del Tajo y no duda de la «gravedad» de la situación. «Si se aplican estos caudales, supondrá el cierre del grifo del agua en el Levante durante muchos años». Los regantes convocarán de inmediato a las mesas del agua de la Región de Murcia, Alicante y Almería para estudiar la situación y tomar decisiones, entre las que no se descartan nuevas movilizaciones. También quieren que se impliquen la sociedad y las fuerzas políticas. «El Sindicato empieza a levantar la voz», señaló Jiménez. «Todos debemos arremangarnos para evitar un agujero negro en nuestra economía», apostilló.

Sobre el incremento del precio del agua, dijo que será inmediato para la agricultura y la población. Se trasvasará menos, pero en una parte de la tarifa se seguirá aplicando el volumen total asignado de 400 hectómetros anuales, se consuman o no. Consideró que el sector agroalimentario es ahora más necesario que nunca debido a la crisis sanitaria y económica. A su juicio, la ministra Teresa Ribera «ha dado numerosas muestras de desinterés por el uso agrario del agua».