Los regantes elevan a 95 hectómetros el posible recorte del Trasvase con las reformas legales

El Gobierno regional quiere cerrar filas de todo el Levante agrario para plantar cara a los cambios que podrían introducir tanto el Plan de Cuenca del Tajo como las nuevas reglas de explotación del Trasvase. Para empezar, el presidente Fernando López Miras planea acelerar su réplica a los cambios anunciados presas arriba, pero que tendrán su efecto en la Región.

El jefe del Ejecutivo hizo este lunes frente común con los regantes, empresarios exportadores y los sindicatos agrarios. Reunidos en el Centro de Demostración y Transferencia Agraria de El Mirador, en San Javier, anunciaron medidas de respuesta, como la reunión a tres bandas de los responsables de Murcia, Andalucía y Valencia, que el presidente Fernando López Miras pretende acelerar porque «en las últimas semanas se han superado todos los límites posibles».

Los regantes quieren ir más allá y, según adelantó el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueductol Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, buscarán apoyos para manifestarse en la calle, tanto en Murcia como en Madrid. El Gobierno murciano respaldará la hoja de ruta que diseñe la Mesa del Agua, que se reunirá en breve, y ratificará el Pacto Regional del Agua, según señaló el presidente. Le dejará clara su postura al presidente Pedro Sánchez por medio de una carta «con nuestro rotundo rechazo a que se modifiquen las reglas de explotación del Trasvase, porque nacieron del consenso y de la unidad». Miras apuntó además que le «preocupa lo que vayan a hacer con los caudales ecológicos del Tajo», ya que ve «una forma de propiciar el cierre del Trasvase».

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, le puso cifras al temor del Gobierno regional y del agro en general, e incluso las elevó con respecto a las previsiones que habían anunciado anteriormente. «Lo que se le puede recortar en unos meses al Levante podría oscilar entre los 90 y los 95 hectómetros cúbicos al año, lo cual supera el 45% del agua de regadío, e incluso podríamos llegar a que el agua para abastecimiento urbano tenga problemas», afirmó Jiménez. Los regantes habían cifrado en 78 hectómetros las posibles pérdidas derivadas del nuevo Plan de Cuenca del Tajo y el previsible aumento de los caudales mínimos ecológicos.

Fuentes del Scrats explicaron que los 90 hectómetros que temen perder en total responden a los 78 hectómetros que el Miteco propone desembalsar de Entrepeñas y Buendía para mantener el caudal ecológico del Tajo, a los que se suman otros 13 hectómetros de previsible merma por evaporación de la lámina de agua, por efecto de las nuevas reglas de explotación. El volumen final podría aumentar hasta 95 hectómetros, advirtió Jiménez.

Es decir, que en un año hidrológico abundante no habría efectos gravosos para cubrir las demandas de la Región, pero tomando el último como referencia, en lugar de los 200 hectómetros cúbicos que se trasvasaron al canal para regadío, con las nuevas normas se hubieran quedado en casi la mitad. «El efecto en la agricultura murciana sería en cadena», indicó Jiménez, que reclamó «disponer de más recursos de desalación» y una conexión de tuberías desde la desaladora de Torrevieja hacia las zonas productoras de la Región. Aun así, según el presidente del Scrats, «sin Trasvase no hay desalación».

Como portavoz de la reunión a puerta cerrada a la que asistieron los representantes de Croem, Fecoam y Proexport, junto a las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, Jiménez calificó de «chistes» las propuestas de la ministra Teresa Ribera.

«Profundizar en la reutilización de aguas depuradas está bien para las regiones donde se reutiliza el 9,9%, pero no aquí, que reutilizamos el 99%», respondió Jiménez. A propósito de este método, el presidente del Scrats advirtió de que «no hay suficiente para reparar el daño».

La otra medida ministerial que Jiménez ve como una «broma» es «aumentar los volúmenes de desalación y conectar con las redes de abastecimiento y del trasvase, además de dotarlo de energía fotovoltaica. Eso lo hará para los agricultores del futuro», dijo, ya que considera que la transición del modelo energético «llevará de 8 a 10 años en el mejor de los casos».

Para el portavoz de los regantes del Trasvase, estas iniciativas del Estado «le van a hacer un siete al tejido comercial agrícola murciano. No existen argumentos reales para alterar los cauces ecológicos, ya que ellos mismos dicen en Aranjuez que se cumplen los requisitos de calidad».

Dan por «agotada la vía diplomática», por lo que el Scrats pedirá «el jueves apoyo en la Mesa del Agua para manifestarnos en la calle, aquí y en Madrid». Jiménez hizo un llamamiento a la ciudadanía porque «no es un tema de los regantes, ya que en años de escasez afecta también a los domicilios, cuando estamos sujetos a la reconstrucción por la pandemia». El presidente regional no cerró la vía del diálogo con el Gobierno de Sánchez, ya que dijo que «debe haber siempre canales de comunicación abiertos y, de hecho se mantienen contactos frecuentes con el Ministerio». Miras consideró sin embargo «nuestra reivindicaciones escuchadas pero no atendidas».