«Las redes sociales han corrompido la educación sexual de los menores»

Que la serie comience en 2016 no es casual. Es el año en el que se produjo la agresión en grupo que sufrió una joven durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. También es el punto de inicio que el departamento de Interior sitúa como el de una mayor concienciación social impulsada por políticas activas de rechazo y prevención respecto a los delitos de violencia sexual, y los ataques grupales, de forma concreta. «El caso de la 'manada' de Pamplona despertó una mayor conciencia social de rechazo a este tipo de delincuencia, que han logrado una mayor disposición de las víctimas de agresiones sexuales a denunciar», indican fuentes policiales a LA VERDAD.

Expertos consultados por este diario coinciden en este análisis de y añaden varios factores más de un problema poliédrico.

El informe del Ministerio del Interior pone de relieve que casi la mitad de las víctimas (el 49%) eran menores de edad. En ese entorno de la adolescencia, los juristas han vinculado el aumento de delitos sexuales cometidos por menores con la falta de una formación sexual adecuada de los agresores juveniles, y que en la mayoría de los casos se nutre de las redes sociales a través de los teléfonos móviles.

«Antes, los casos contra la indemnidad sexual se basaban en la palabra de la víctima contra la del denunciado. Ahora, las aplicaciones de mensajería instantánea y la capacidad de grabar y fotografiarlo todo con un móvil nos están aportando unos indicios de prueba que permiten sostener la declaración de una víctima en el caso de tener una grabación de una relación no consentida. Esa prueba da pie a que los letrados podamos iniciar la denuncia con la que comienzan la acción penal», expone el abogado Manuel Martínez, especializado en casos de delitos contra la indemnidad sexual. Además, esta circunstancia se da con más incidencia en los menores «que lo graban todo».

En este sentido, el experto jurista señala, como otro motivo del incremento de los delitos contra la indemnidad sexual, la acción de las redes sociales y el acceso a internet como vehículos que han facilitado el consumo temprano de material pornográfico, que provoca una formación sexual corrompida. «Las redes sociales han pervertido la moral, la educación y las normas básicas entre los menores. Estos elementos han permitido que las etapas de la vida de un adolescente avancen demasiado rápido».

El letrado asegura que en los últimos años ha llevado varios casos de menores de 12, 13 y 14 años acusados de abusos y agresiones sexuales. «Estoy seguro de que si no hubieran abierto una ventana de internet impropia para su edad, nunca se habrían visto envueltos en casos penales tan graves para su corta edad».

Otra de las aristas que se incluyen en los delitos contra la indemnidad sexual y que destacan los juristas está relacionada con el aumento de casos de 'cyberflashin', que es el envío de fotos pornográficas o escenas sexuales sin consentimiento. «La mayoría de veces, el receptor de las imágenes es un desconocido, ya que suelen utilizar perfiles falsos en las redes sociales», apunta el letrado Martínez.

Por último, la puesta en marcha de la ley de 'solo sí es sí', y otras medidas legales que protegen a las denunciantes, como la que permite preservar la identidad de las mujeres que declaran en sede judicial contra su agresor o incluso no tener que presentarse en sala de vistas al aceptarse como válida la prueba preconstituida, —aquella que se realiza en la fase de instrucción—, han permitido que las víctimas hayan perdido el miedo a denunciar. «El Tribunal Supremo ha sentado una doctrina por la cual con la mera denuncia se puede enervar la presunción de inocencia, es decir, que solo con la declaración de la víctima puede haber una condena. Para ello, deben concurrir tres criterios como son la persistencia en la incriminación; la ausencia de incredibilidad subjetiva, y la verosimilitud del testimonio», concluye el experto jurista.