Antes o después, siempre hay un caldo de cultivo político alrededor de episodios como el de Lorca, absolutamente reprobable. En este caso, subyace una confrontación ... partidista que ha contribuido a caldear el ambiente en un colectivo poco dado a las sutilezas y fácil de verse arrastrado por la desinformación y el tremendismo. Hasta desembocar en este lamentable estallido que ha puesto de nuevo la Región en la órbita mediática. El asalto de Lorca se produce además en un contexto que ni hecho a medida: en plena polémica sobre las macrogranjas, con las nuevas directrices del Pacto Verde europeo y con las medidas (necesarias) encaminadas a reducir la contaminación de origen agrario y ganadero y a incrementar los controles.
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El impacto ha sido tal que ha irrumpido en la campaña electoral de Castilla y León, alterando la agenda hasta el punto de que Unidas Podemos ha atribuido los altercados de Lorca a «las mentiras de Mañueco», el candidato del PP, sobre la ganadería. Digamos que a Podemos –e indirectamente al ministro Alberto Garzón– esto le viene como anillo al dedo para tratar de recuperarse del desgaste que sufre por la enemistad que se ha granjeado en el sector agrícola y ganadero.
Como cada cual barre para casa, la portavoz de la CUP en el Congreso se ha llevado el asunto al terreno del independentismo para decir que, si este asalto se hubiera producido en Cataluña, se estaría hablando ya de un delito de «sedición». Sin comentarios. Demuestra que el caso de Lorca ha provocado otro tsunami en la política nacional –como sucedió con la moción de censura– con ondas expansivas que echan más leña a la crispación política y social. No se puede andar con tibiezas ante hechos semejantes y tampoco exacerbar el debate dando munición a los extremismos de la política.
Desgraciadamente, los altercados de Lorca vuelven a poner la lupa sobre la Región a causa de los impactos medioambientales de una parte de la actividad agrícola y ganadera. A la mancha del Mar Menor se suma ahora esta rebelión en la macrogranja.
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