Rebajas en las exigencias ambientales a partir de 2027 en cauces y acuíferos muy degradados

Sin embargo, la realidad a veces es una apisonadora de ideas y medidas. En los documentos iniciales que dan pie a la redacción del próximo plan de cuenca del Segura, que deberá estar en vigor en tres años, la Confederación Hidrográfica plantea ya metas más realistas de cara a mantener un equilibrio entre los trabajos de recuperación de una masa de agua contaminada o presionada por el ser humano y la actividad económica que esta soporta en su entorno sin que tenga que desaparecer.

El organismo de cuenca optaría en un principio por evitar tener que aprobar más prórrogas para lograr la restauración de las masas de agua más afectadas de la demarcación. Si los actuales programas ambientales puestos en marcha o pendientes de llevarse a cabo no dan los resultados esperados, «el plan hidrológico revisado (de cara a 2028) deberá considerar la viabilidad de aplicar sobre las masas de agua afectadas la exención al cumplimiento de objetivos ambientales prevista en el artículo 37 del Reglamento de Planificación Hidrológica fijando objetivos menos rigurosos».

Esta vía sería la alternativa prevista si antes se certifica que la inversión en la recuperación de cauces o acuíferos en mal estado está muy lejos de poder llevarse a cabo. «Estas exenciones se podrán dar, en el caso de que aun poniendo en marcha todas las medidas necesarias, las condiciones naturales de las masas de agua y del sistema hidrológico hacen que la recuperación que lleva al buen estado tarde más años en producirse», menciona la CHS en los documentos iniciales del cuarto plan de cuenca. Dicha vigencia se fundamenta, en algunos casos, «en el coste desproporcionado o la inviabilidad técnica» de las medidas que resultarían necesario aplicar, o bien justificando que con el marco jurídico vigente «resulta apropiado considerar objetivos menos rigurosos para las masas de agua afectadas o el deterioro adicional».

El alcance de esos escenarios de recuperación para las masas de agua pasa primero por plantear «objetivos parciales» que tendrían que ponerse en marcha en cinco acuíferos de la Región de Murcia: Cuaternario de Fortuna, Campo de Cartagena, Bajo Guadalentín, Alto Guadalentín y Águilas. Estas aguas subterráneas no podrían alcanzar el buen estado para el 2027 a pesar de eliminar toda aportación de nitrógeno al suelo.

«Para estas masas de agua se ha comprobado que aun aplicando todas las medidas posibles que no supongan costes desproporcionados (como es el caso de la eliminación de la actividad agraria) no se alcanzaría el buen estado ni siquiera en 2039», advierte la Confederación, de ahí que se planteen objetivos a medias y no totales, como las medidas cautelares aplicadas a los regantes del Campo de Cartagena. Otra solución llegaría con el programa de actuación en zonas vulnerables a los nitratos que tendría que aprobar el Gobierno regional antes del 21 de mayo de 2025.

La limitada capacidad inversora de las administraciones o la oferta de recursos hídricos externos que eviten la sobreexplotación de los acuíferos son dos escollos para los programas ambientales. La CHS prorrogó en 2022 el objetivo de mejorar los problemas cuantitativos y químicos de 38 acuíferos por la lentitud en la ampliación de las desaladoras y su conexión con toda la cuenca, la «gran inercia» de los fenómenos de contaminación por nitratos y por la intrusión salina en la masa de agua.

La Confederación ya revisó en 2022 las tarifas de servicios por extracción de agua o explotación de embalses u otras infraestructuras para actualizarlas a los costes medioambientales, con el fin de que los usuarios finales de esos servicios paguen también por las medidas que deben llevarse a cabo para no dañar o perjudicar más ríos o acuíferos. Solo el coste ambiental que deberían pagar durante este ciclo agricultores y ganaderos para compensar los posibles impactos de su actividad se calculó en 160 millones de euros.