Rebajan la pena a un acusado de malversar en la Región por su ludopatía
El procesado, director de una oficina de Correos, reconoce que se apropió de más de 45.000 euros y acepta un año y medio de cárcel
Miguel A. G. reconocerá previsiblemente el próximo viernes ante la Audiencia Provincial haberse apropiado de más de 45.000 euros durante su etapa como director de una oficina de correos de la Vega Alta del Segura. El acusado, según consta en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, reconoce los hechos y ha alcanzado una acuerdo de conformidad con las partes por el que será condenado a penas que suman un año y medio de prisión y a una multa de 540 euros.
El Ministerio Público, a la hora de atenuar la condena, ha tenido en cuenta que el procesado, de 37 años, estaba diagnosticado de una ludopatía. El acusado se beneficiará además de las atenuantes de confesión y reparación del daño, al haber restituido parte de esa suma (16.150 euros).
Los hechos se produjeron entre los meses de octubre y diciembre de 2017, cuando el acusado aprovechó su puesto de director de una oficina de Correos para realizar diversas recargas sobre tarjetas Correos-prepago, de las que era titular, sin abonar las mismas, y adquirió productos Paysafecard para su uso particular, sin realizar igualmente el pago correspondiente.
Alterando el balance
El fiscal explica en su escrito que, con la finalidad de ocultar la falta de fondos contabilizó en ese periodo en el balance de tesorería pagos de Western Union por importes superiores a los realizados o disminuyendo los importes de los envíos de Western Union admitidos. De esta manera, trataba de aminorar de forma ficticia el resultado del balance para evitar que fuera detectado el descubierto.
El 2 de enero de 2018 se llevó a cabo una auditoría en la oficina descubriéndose estos hechos y que el agujero era de 45.819 euros. Se inició, además, un expediente disciplinario contra el director de la sucursal. El trabajador, destaca el fiscal, siempre ha reconocido los hechos.
Miguel A. G. está acusado de un delito de malversación de caudales públicos y de otro de falsedad documental. Conforme al acuerdo alcanzado será condenado a seis meses de prisión por el primer delito y otros 12 meses de prisión por el segundo. Además, se le inhabilitará durante medio año para un empleo o cargo público como funcionario de Correos. Debe indemnizar, asimismo, a la sociedad estatal con 30.369 euros.
