Rafael Jiménez Asensio: «Hay una administración digital mal entendida que desatiende a la ciudadanía»

-En su libro sobre Benito Pérez Galdós sostiene que en muchos aspectos la administración pública que él describió en sus novelas sigue vigente. ¿Cómo es posible después de 150 años?

-El subtítulo del libro es muy indicativo: 'Los mimbres de la política y su cuarto oscuro en España' y trata sobre la mirada político-administrativa de Galdós, que fue muy profunda y analítica y se proyecta sobre aproximadamente unos cien años de la historia de España. En ese periodo, la política estaba dividida en dos mitades, era una política sectaria, siempre de gobernar para los nuestros. Todo esto en definitiva sigue manteniéndose. Era una política que tenía rotos todos los puentes o casi todos y donde la transversalidad no existía. Y todo esto con unos políticos de bajo nivel o, como él decía, que solo sabían hacer política menuda, caciquil, clientelar, que giraba siempre entorno a los empleos, al reparto del presupuesto. Mucho de esto sigue vigente. La política estaba orientada siempre a repartir empleos, cargos, credenciales, subvenciones, ayudas, contratos. La administración se ha profesionalizado mucho frente a aquella administración que era puramente de cesantías, pero sigue manteniendo algunos elementos importantes, sobre todo la concepción de la política sobre la administración pública. Es decir, una administración pública muy capturada por la política y que apenas tiene autonomía propia, porque es vista siempre con recelo esa autonomía, que es un contrapoder interno muy necesario también para que la política no se desmande.

-El 'vuelva usted mañana' de Mariano José de Larra, de la primera mitad del XIX, ¿también podría escribirse en la actualidad?

-Más que vigente, lo que ha cambiado es el contexto. Un diario nacional escribió un reportaje que decía: 'ya no es el vuelva usted mañana, sino no el no vuelva usted nunca' Es decir, el cierre de la administración, en definitiva, a causa de una digitalización mal entendida. Se ha ido cerrando la administración en sí misma, ha ido desatendiendo a la ciudadanía y en cierta medida Larra sigue siendo vigente. Galdós bebió de las fuentes de Larra, también de Mesonero Romanos y de Balzac, sobre todo para su novela 'Miau', en la que describe muy bien la administración pública del momento. Todo esto sigue en la actualidad en cierta medida, aunque remozado por las circunstancias y el contexto.

-En ese contexto destaca la actual digitalización de la administración, pero usted cree que no se está aplicando correctamente.

-La administración presencial sigue vigente, pero muy reducida porque todo se quiere vehicular a través de una digitalización mal entendida que está desatendiendo a la ciudadanía y está generando problemas de exclusión digital o de brecha digital a determinados colectivos, sobre todo a la tercera y cuarta edad, pero no sólo. Los trámites telemáticos muchas veces son una tortura, porque las sedes electrónicas hay algunas que son intuitivas y otras son verdaderos laberintos. Se ha impuesto ya una lucha cívica contra la cita previa, que es alegal e incluso puede ser ilegal, porque cuando es solo por medios telemáticos discrimina a aquellas personas que no tienen esos recursos digitales. La pandemia la verdad es que ha empeorado todo esto. Hablamos mucho de un gobierno abierto y lo que estamos haciendo es construir administraciones cerradas.

-En la actualidad, hay un plan de digitalización de las administraciones públicas hasta el año 2025, sufragado generosamente por fondos europeos...

-Sí, sí, sí, lo que pasa es que ese plan está poniendo muy poco el foco en el campo de la atención ciudadana y más en los equipamientos y medios tecnológicos. Las administraciones tienen que ordenar muy bien la transición digital porque hay todavía en España aproximadamente veinte millones de personas que no tienen competencias digitales básicas. Es un porcentaje importante de ciudadanos que no pueden relacionarse con la administración con medios digitales de forma segura y garantista para la defensa de sus intereses. La transición digital es uno de los grandes retos pendientes, es imparable, pero el cambio debe ser mucho más ordenado.

-Desde Adolfo Suárez, que en su discurso de investidura en 1979 ya hablaba de ello, todos los gobiernos han prometido modernizar la administración, pero por lo visto hasta ahora con escaso éxito. ¿Por qué cuesta tanto?

-Es un término absolutamente quemado el de la modernización de la administración después de anunciarla tantas veces para luego no modernizar nada... Esto se debe a que es un problema complejo, que necesita tiempo, y la política es muy inmediata, no tiene proyección estratégica. Hay que reformar estructuras, procesos y la gestión de personas, que es el verdadero talón de Aquiles de la administración pública. Todo esto requiere tiempo y sobre todo coraje y energía y esto en la política no se ve. En estos momentos, hay que ser consciente de que la reforma de la administración pública ha pasado a mejor vida en la agenda política. Yo no recuerdo que en la anterior campaña electoral se hablara mucho de la reforma a la administración pública. Y esto es lo que le preocupa al ciudadano cuando tiene que hacer gestiones con la administración pública y esta no le provee de los servicios y bienes necesarios. Pero no se habla de ello, se ha caído de la agenda política desde hace más de 15 años. Todo esto se debe a una política muy cortoplacista, muy clientelar, que no le interesa la reforma de la administración pública. Aquí hay una cuestión que es muy importante: para reformar la administración pública, lo primero es reformar la política, y la política el único que la puede reformar es el propio político. Aquí surge el problema, porque hay una politización increíble en España de las estructuras de la alta administración, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, como también en buena medida en las entidades locales. Es muy complejo y hemos sido incapaces de crear una estructura directiva profesional durante estos últimos 20 años, cuando otros países europeos sí lo han hecho, como Portugal.

-Quería preguntarle precisamente por eso, ¿hay en Europa más países con una administración tan clientelar como la española o somos un caso único?

-Es un rasgo bastante compartido por los países mediterráneos, pero creo que España estará ahora a la cabeza en cargos ocupados por clientelismo político entre las democracias avanzadas europeas, un liderazgo quizás compartido con Italia. Es un problema que se arrastra desde el siglo XIX, pero que ha ido creciendo desde 1978.

-¿A su juicio cuál sería la reforma más urgente?

-Hay una idea fuerza en Galdós y es que España sin sólidas instituciones no será capaz de construir prácticamente nada. Para que el país salga adelante necesitamos una administración pública robusta, y para ello hay que invertir en organización, en estructuras y en personas, en gestión de personas. La profesionalización de la función pública es clave. Y ahora va a haber un relevo generacional enormemente importante que afectará en los próximos 15 años a entre el 30% o 40% de la administración española. Se van a necesitar perfiles profesionales muy competentes para que la administración pueda recuperar su imparcialidad. La profesionalización es una necesidad inmediata. La llave la tiene la política, pero no la quiere utilizar porque vive mejor así y tiene más cuota de reparto. Por eso es tan difícil este proceso. Esto se debería hacer con un pacto de Estado, pero en España hablar de pactos de Estado es un sueño.

-¿La formación del empleado público en España es la suficiente para abordar esos retos?

-Hay un debilitamiento de los elementos nucleares básicos de la función pública, como es la profesionalización. Los procesos de estabilización en marcha van a alcanzar hasta casi el 30% del total del empleo público en España, eso es una barbaridad. Casi un millón de personas se van a estabilizar a través de procesos blandos, de, digamos, aplantillamiento de interinos, lo que supondrá un debilitamiento de la profesionalización. Luego, la imparcialidad está cada día más afectada. En España hay muy buenos funcionarios, son muy profesionales, muy comprometidos, pero el problema es que la institución no funciona. Hoy en día ningún funcionario de titulación superior ingresa en la administración pública con un buen conocimiento del inglés, cuando buena parte de la información que se maneja es en inglés. Las oposiciones cada día están menos transitadas, se van a procesos blandos y todo esto tiene como consecuencia el debilitamiento de las instituciones desde el punto de vista profesional, lo cual termina repercutiendo en los servicios públicos.

-En la Región de Murcia han aprobado en los últimos años varias leyes de simplificación administrativa. ¿Es ese un camino correcto?

-Hay que simplificar trámites para reducir cargas a la ciudadanía y a las empresas. Otra cosa es lo que en realidad se está consiguiendo, porque en muchas comunidades este proceso va lentísimo. Los trabajos para la simplificación administrativa se vienen realizando en la Unión Europea desde principios del siglo XXI, es decir que llevamos dos décadas con esto y los resultados están siendo bastante magros, bastante pobres, habría que profundizar mucho más. Por esta vía, además, solo tocas una parte del problema, la de los procedimientos. Y puede surgir otro problema si simplificas trámites administrativos y eliminas las autorizaciones previas o las licencias y no tienes buenos sistemas de inspección que funcionen. Esto requiere un cambio de chip también en la propia organización y en los propios funcionarios. Una de las debilidades sustantivas que tiene la administración pública española es que la inspección que se realiza suele ser de forma muy poco efectiva, y ustedes en Murcia han vivido recientemente algo de esto.