El PSOE registra su proposición de ley para impulsar la creación administrativa de las comarcas

La portavoz socialista en el órgano legislativo, Carmina Fernández, señaló antes de su registro que se trata de un paso «firme e inaplazable para modernizar, democratizar y reequilibrar la organización territorial de la Región de Murcia».

En cuanto a la proposición de ley, aseguró que quiere «corregir desequilibrios y acercar la administración y los servicios a las personas». Desde el PSOE, mantienen que quieren «una Región en laque todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a los mismos servicios, vivan donde vivan».

Fernández destacó que, además de «una necesidad social y territorial evidente», se trata de un «mandato legal», puesto que desarrolla lo que recoge el Estatuto de Autonomía. Esa norma establece en su artículo 3.2 que la Región «se organiza territorialmente en municipios y comarcas, y que estas deben tener personalidad jurídica plena y autonomía real».

Sostuvo la portavoz socialista que «la ley que presentamos no impone modelos, no crea mapas artificiales ni más burocracia». La calificó como «una ley marco abierta, participativa, que otorga a los municipios la posibilidad de agruparse voluntariamente en comarcas», en función de vínculos «históricos, sociales, económicos o culturales».

Cree el PSRM-PSOE que el PP «ha construido durante 30 años un modelo de Región profundamente ineficiente e injusto, que ha generado grandes desigualdades entre distintos territorios», y que no atiende «las necesidades y demandas de amplias zonas». Fernández cargó contra los populares por «bloquear» este proceso del que dijo que «solo se acuerda en elecciones, prometiendo incluso la provincia de Cartagena y cerrando después la puerta».

Sobre la comarca del Campo de Cartagena y el Mar Menor, el PSOE va a pedir en su moción que se constituya de forma inmediata «una ponencia que redacte una ley singular para la creación de esta comarca antes de la finalización del próximo periodo de sesiones». Para Carmina Fernández «no es solo una cuestión administrativa, sino también de justicia territorial en una zona con un gran déficit de infraestructuras, servicios e inversiones que repercute negativamente en la vida de los ciudadanos y ciudadanas».