El fiscal superior ve «sonrojante» que casos de corrupción lleven hasta 16 años en el juzgado

«Sonrojante». Esa fue la palabra que eligió el fiscal superior de la Comunidad para describir el retraso que sufre el 'caso Ninette', encallado en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier desde hace 16 años. José Luis Díaz Manzanera aseguró, en la presentación del avance de la memoria del organismo, que el Ministerio Público ya ha dirigido varios escritos al órgano exigiendo la agilización de esta causa desplegada contra una supuesta trama de corrupción en Los Alcázares. El caso arrancó en 2005 y el fiscal presentó su escrito de acusación en 2018, hace ya tres años. «Es un tema que está ya en el despacho del juez competente», incidió, sin ocultar su disgusto por la tardanza por una de las investigaciones contra la corrupción más sonada de las últimas décadas.

Díaz Manzanera se enteró, además, en el transcurso de su comparecencia, de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la absolución de expresidente regional Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Pasarelas'. Los jueces de lo Penal avalan la decisión de la Audiencia que entendió que la Fiscalía no había pedido a tiempo la declaración de causa compleja y que los plazos para investigar a Sánchez habían caducado. «Nosotros planteamos que la declaración de investigado no es una diligencia de investigación propiamente dicha», explicó. «Creo que tomar esa decisión porque te pases dos días en tomarle declaración no debería ser admisible», espetó.

Al margen de los asuntos vinculados a la corrupción, el fiscal superior desgranó los detalles de la memoria judicial de un año marcado por la pandemia, el confinamiento y la paralización judicial. En 2020 las diligencias previas cayeron un 15,4% y la celebración de juicios más de un 31%. Díaz Manzanera hizo hincapié, no obstante, en que el pasado año se logró que el 93,9% de las sentencias fuesen conformes con el criterio del fiscal. Un dato más elevado que el de años anteriores.

Pese a este descenso general de la actividad judicial, advirtió, hubo algunos delitos que, precisamente por el impacto de la Covid, se vieron incrementados. Es el caso de la violencia de género, cuyas diligencias por lesiones o maltrato habitual se dispararon de 2.740 en 2019 a 3.060 el pasado ejercicio. En el caso de la violencia doméstica y de género habitual las diligencias repuntaron de 757 a 1.045. El incremento oscila entre el 15% y el 20%.

En el ámbito de la lucha contra el maltrato, el fiscal explicó que actualmente hay activas medio centenar de pulseras de control para casos de violencia de género. Como ya se expuso en años anteriores, Díaz Manzanera remarcó la dificultad que persiste en algunas poblaciones, normalmente localidades pequeñas, donde los problemas técnicos (debido a la escasa señal) de estos sistemas son el pan nuestro de cada día. Tanto es así, advirtió, que se ha dado el caso de víctimas que han solicitado que se desactive la pulsera que en teoría la debía proteger.

El año pasado se dictaron hasta 1.328 sentencias por violencia de género en la Comunidad y, según remarcó el fiscal, hasta un 11% fueron absolutorias ante la decisión de la mujer de no mantener su acusación. Una cifra, sostuvo, que se debe al deseo de algunas mujeres de no separarse de sus parejas, al miedo a las represalias o al desgaste por el peregrinaje judicial. Esta realidad, advirtió, podría cambiar de aquí en adelante a raíz de una reforma penal que ha modificado la dispensa a la que las víctimas se pueden acoger. Un cambio que Díaz Manzanera calificó como muy positivo

La memoria de la Fiscalía se ha visto directamente marcada por la Covid y otro aspecto en el que se deja entrever el impacto de la pandemia es en el aumento de los delitos contra la administración pública, que pasaron de 136 a 196. Este incremento estuvo vinculado al incumplimiento de las medidas para parar los pies al virus. Díaz Manzanera explicó que los fiscales murcianos percibieron un incremento de las diligencias por delitos de atentado, resistencia a la autoridad o desobediencia.

También algunos delitos sexuales aumentaron en plena pandemia -aunque en general cayeron ligeramente-. Díaz Manzanera explicó que aumentaron las violaciones, la utilización de menores con fines pornográficos, la corrupción y abusos sexuales y el acoso por telecomunicaciones a menores de 16 años.

En este punto, el fiscal superior hizo mención a la colaboración establecida con el Obispado para perseguir posibles abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia. En ese sentido, dio a conocer cuatro casos que actualmente se encuentran judicializados después de que el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, los pusiera en conocimiento del Ministerio Público.

En uno de ellos el fiscal pide hasta 11 años de cárcel a un sacerdote acusado de obligar a un menor a realizarle felaciones. En otro, un cura afronta penas de 4 y 6 años por presuntos abusos a dos menores de edad. En ambos casos los procesados están suspendidos y afrontan penas también de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones. El resto de casos siguen actualmente instruyéndose.