El presidente del Consejo Jurídico, Antonio Gómez Fairén, entrega la memoria anual al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. J.M. ROdríguez / agm

El Consejo Jurídico advierte de que habrá que esperar para saber si la pandemia ha aumentado las reclamaciones patrimoniales

El organismo recibió 263 expedientes de consulta y emitió 303 dictámenes en 2020

EP

Lunes, 31 de mayo 2021, 14:34

El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén, advirtió que habrá que esperar al menos dos años para saber si la pandemia ha provocado un incremento en las reclamaciones patrimoniales por parte de los ciudadanos. «Aún es pronto para saberlo», dijo tras entregarle al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, la memoria anual de 2020.

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Entre los cambios que han percibido referentes al año pasado con respecto a los anteriores, Gómez Fayrén señaló que se ha notado una «menor actividad» con respecto a años anteriores, pero han realizado un balance «muy positivo, se ha seguido trabajando muy bien y no se ha paralizado en ningún momento la Administración«.

«Ya veremos dentro de un año aproximadamente si la pandemia da lugar o no a un incremento de las reclamaciones patrimoniales, ojo, no solo las sanitarias, sino de cualquier ciudadano que considere que las medidas que se han tomado en relación con la pandemia puede haber perjudicado su patrimonio o su salud en general», dijo. Tras lo que añadió que «aún es temprano para valorarlo porque hay un año para presentar una reclamación, habrá que esperar un par de años para saber si la pandemia va a incrementar las reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos».

Según la memoria del Consejo Jurídico de la Región, en 2020 se recibieron 263 expedientes de consulta y se emitieron 303 dictámenes. De los 263 expedientes de consulta, la mayoría, 228, procedieron de la Administración autonómica, mientras que 35 de ellos fueron de Corporaciones Locales. De los dictámenes emitidos, 115 corresponden al ámbito sanitario; 60, al ámbito educativo; 34 a la seguridad vial; 4, a la función pública y 13, a los servicios sociales, entre otros.

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