Preocupación de los agentes sociales por la precariedad del Gobierno regional
A las limitaciones que la ley le impone por estar en funciones, se suman las vacantes en puestos importantes por la salida de sus titulares por razones electorales
«Estamos maniatados; solo podemos tratar cuestiones de trámite, cuando hay otras comunidades que ya están funcionando plenamente», comenta el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, ... Juventud y Deportes, Marcos Ortuño, quien además ejerce de portavoz del Ejecutivo autónomo, sobre la situación de interinidad en que se encuentran y que afecta a todas las áreas de la Administración regional.
Por un lado, está la condición de Gobierno en funciones, que le impide adoptar cualquier decisión relevante. La ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia señala en su artículo 29 que su labor deberá limitarse a facilitar la formación del nuevo gabinete y el traspaso de poderes, y su gestión solo deberá consistir en el «despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de ejercer, salvo casos de extraordinaria y urgente necesidad, cualesquiera otras funciones». «No podrá, en ningún caso, aprobar proyectos de ley, ni presentarlos a la Asamblea Regional», agrega el referido artículo.
La situación del Gobierno que preside Fernando López Miras se agrava, además, por los importantes puestos que tiene vacantes tras la salida de sus titulares al haber sido elegidos en las pasadas elecciones locales o figurar en alguna de las listas electorales del próximo 23-J.
Los sindicatos apuntan a un problema de falta de interlocución para abordar algunos asuntos
Es el caso del consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, que va de número uno en la candidatura del PP al Congreso y cuyas competencias han sido asumidas provisionalmente por el consejero de Presidencia. También las direcciones generales de Función Pública, de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y de Patrimonio Cultural están sin responsable, así como el Servicio Murciano de Salud, cuyo director gerente, Francisco Ponce, se marchó de concejal a Petrer (Alicante).
«No tener gobierno no es bueno bajo ningún concepto», se lamenta el presidente de la patronal regional Croem, José María Albarracín. El patrón de los empresarios pide «altura de miras y responsabilidad» a los políticos para poder formar «un gobierno que dé estabilidad, seguridad y certidumbre al tejido económico». Y que se haga, además, en un plazo razonable, pues dilatar la interinidad actual es aumentar los perjuicios que causa.
¿Hasta cuándo?
La falta de una interlocución válida en el Ejecutivo es uno de los problemas a los que se enfrentan los agentes sociales. Francisco Saura, responsable del área de Comunidad Autónoma del sindicato CC OO, comenta que el Boletín Oficial del Estado publicó hace unos días un nuevo proceso de estabilización y consolidación de puestos de trabajo en la administración pública, pero no han podido consultarlo en la Comunidad al no haber nadie al frente de Función Pública.
Otro elemento de incertidumbre es que no se sabe hasta cuándo durará la provisionalidad actual, dado que ni hay fechas todavía para el debate de investidura presidencial ni el PP tiene asegurada la reelección de su líder, para lo que debería contar al menos con la abstención de Vox.
Hay para quien el actual estado de precariedad gubernamental ya se ha prolongado en exceso. Según la ley, el Gobierno entra oficialmente en funciones a partir de la disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de nuevas elecciones, lo que en la Región se produjo el 3 de abril.
Sin embargo, por las declaraciones de algún miembro del Ejecutivo se podría decir que la situación de inactividad actual arranca mucho antes. La vicepresidenta y consejera de Transparencia, Isabel Franco, manifestó en enero pasado que «la legislatura se acabó el día que votamos los Presupuestos», es decir, el 29 de diciembre.
La incertidumbre sobre cuándo finalizará el compás de espera es un elemento negativo más
En lo que todos coinciden es en la necesidad de superar cuanto antes el compás de espera actual para abordar las cuestiones que se han ido acumulando en las mesa del Gobierno durante los últimos meses.
Dos de estos asuntos son el nuevo plan contra la economía sumergida y la estrategia de seguridad en el trabajo, que ya se han empezado a discutir con la Administración regional pero sobre los que apenas se ha avanzado en las últimas semanas ante la incertidumbre de con quién deberán completar y firmar ambos planes, según explica el secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez, quien alude también a la aplicación de la semana laboral de 35 horas en la educación pública a partir de septiembre como otro de los temas que es preciso abordar con urgencia.
«Por eso insistimos en la necesidad de superar esta fase y formar lo antes posible el nuevo gobierno», apunta el consejero Marcos Ortuño.
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