PP y Vox exhiben sus discrepancias en un pacto de gobierno con diferentes lecturas

Fernando López Miras será investido presidente de la Comunidad Autónoma este jueves gracias a que aceptó tener en su próximo gobierno un vicepresidente y un consejero de Vox. Así aparece recogido en el programa de gobernabilidad firmado ayer por ese partido y el PP en la Asamblea. Pero las diferencias mostradas por populares y conservadores a la hora de interpretar los puntos más polémicos de dicho pacto evidencian que, de aquí hasta el final de legislatura, tendrán que engrasar continuamente sus relaciones para que la maquinaria del próximo ejecutivo no gripe a las primeras de cambio por asuntos como la protección del Mar Menor, el mantenimiento del llamado pin parental y los recortes de las ayudas que perciben patronales y sindicatos.

En el cuarto punto del documento, PP y Vox aseguran que «la recuperación del Mar Menor es una prioridad de la acción del Gobierno regional. Seguiremos desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación». Con el término «acciones legislativas» ambos partidos dejan una puerta abierta a modificar la ley del Mar Menor durante la nueva legislatura, como pide Vox, pese a que no citan expresamente dicha norma en el documento y el PP se resiste a tocarla.

El pacto consta de treinta puntos que aluden a asuntos comunes en los programas de ambos partidos, así como de ocho anexos que marcan los compromisos mutuos para formar el gobierno de coalición. Uno de ellos establece que Vox designará al próximo presidente del Consejo de la Transparencia, que también tendrá atribuciones de defensor del pueblo murciano. Otro limita la composición del Consejo de Gobierno toda la legislatura a un máximo de once miembros.

El Mar Menor no es el único asunto que ayer generó interpretaciones dispares de los propios firmantes, el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, y el viceportavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, que dieron explicaciones por separado. El punto 25 establece la modificación de la Ley de Participación Institucional «para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos». Según Alpañez, se acaba así con las ayudas directas a Croem y sindicatos, tal y como su partido ha promovido en otras regiones donde ya gobierna en coalición con los populares. Y dijo que estas organizaciones cobrarán cuando presten servicios a la Comunidad en concurrencia con otras instituciones. Sin embargo, Segado evitó ser tajante sobre esa materia, se refirió a la necesidad de que la Administración sea eficiente en su gasto, destacó que tienen toda la legislatura para implantar esa medida y negó que ese punto pueda generar conflicto entre socios. Avisó de que el Pacto de Cartagena es un punto de partida al que ahora deben poner letra pequeña día a día.

El documento reconoce prioritario el sector primario y defiende la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que es «imprescindible mantener el Trasvase Tajo-Segura con las reglas de explotación consensuadas con los regantes».

La protección de las familias aparece como otro asunto destacado: «Apoyaremos decididamente la natalidad». Pondrán en marcha medidas que faciliten la conciliación familiar y laboral mediante una ley integral. Igualmente, promoverán iniciativas «que perseguirán erradicar la violencia contra las mujeres, las que sufren los niños y los mayores».

En cuanto a enseñanza, la coalición quiere implantar de manera progresiva la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y establecerá un control anual para evaluar la capacidad de la comprensión lectora y matemática de los escolares. Según Alpañez, «el pin parental se pondrá en marcha, pero delimitado a lo que la norma nos permita». La Comunidad reguló la pasada legislatura dentro de sus competencias las actividades extraescolares. Y Segado recordó que ese término no aparece «por ningún lado».

El pacto recoge una serie de reivindicaciones al Gobierno sobre seguridad, trenes y financiación. La rebaja de los impuestos, el fomento de la actividad empresarial y el refuerzo de la sanidad son otras prioridades.

Preguntado por las lecturas ambiguas que hicieron de varios puntos del pacto, el viceportavoz parlamentario de Vox dijo que «lo que no vamos a hacer es pararnos en un verbo» y que «no podemos caer en la tentación de pelearnos entre nosotros cuando estamos absolutamente de acuerdo» porque entonces «el gran beneficiado sería el PSOE de Pedro Sánchez y Vélez». Segado no dudó de que PP y Vox formarán un «gobierno fuerte y estable».

El Pacto de Cartagena permitirá que la Asamblea Regional inicie este miércoles el decimoctavo debate de investidura de su historia, y segundo de esta XI Legislatura, tras no obtener Fernando López Miras los votos necesarios para ser elegido presidente de la Comunidad Autónoma en el primero, celebrado los pasados 6, 7 y 10 de julio. La sesión arranca a las once de la mañana con el discurso del candidato para exponer su programa de gobierno y pedir la confianza de la Cámara. Mañana tendrán lugar las intervenciones de los portavoces de los grupos, la réplica de López Miras, las fijaciones de posiciones de los partidos y la intervención final del candidato, antes de la votación. López Miras saldrá elegido por la amplia mayoría absoluta que ahora conforman los 21 diputados del PP y los nueve de Vox.

El pacto programático de gobierno de PP y Vox no incluye expresamente la supresión de subvenciones a las organizaciones empresariales y los sindicatos, pero sí una voluntad expresa de cambiar el procedimiento de concesión para que se guíe por criterios de concurrencia competitiva a fin de, teóricamente, mejorar la eficiencia del gasto público.

En concreto, el texto habla de modificar la Ley de Participación Institucional para promover el sistema de concurrencia competitiva en lugar de la subvención directa actual. Por tanto, Croem y los sindicatos seguirán recibiendo esas subvenciones previstas en la norma que regula el diálogo social en la Región de Murcia. Sin embargo, lo que está por ver es si ese cambio de criterio afectará en la práctica a la cuantía de la subvención que reciben hasta ahora los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO), cuyas relaciones con Vox están siendo complicadas en las comunidades autónomas donde gobierna el partido de Abascal.

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