La nueva ley considerará a los efectivos de emergencias agentes de la autoridad
La norma de protección civil inicia su tramitación en la Asamblea, aunque la oposición cree que no dará tiempo a aprobarla en esta legislatura
El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles, sin ningún voto en contra, la toma en consideración del proyecto de ley de Emergencias y Protección Civil de la Región. Entre sus novedades, recoge que el personal que forme parte de los servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias, como bomberos y voluntarios de Protección Civil, tendrá el carácter de agente de la autoridad.
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La tramitación del proyecto de ley comienza ahora, cuando los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas. Mucho tiene que correr el Parlamento para que se pueda aprobar antes del 31 de marzo, fecha en la que finaliza el último periodo de sesiones de la legislatura, teniendo en cuenta que antes se debatirán los Presupuestos de la Comunidad de 2023. También están en tramitación otras propuestas legislativas como la ley de Familias, entre otras.
La vicepresidenta de la Comunidad y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, realizó la defensa de la nueva normativa en nombre del Gobierno regional, al encontrarse fuera de España el responsable de Emergencias, Antonio Luengo.
PSOE, Ciudadanos y Podemos aseguran que presentarán enmiendas para mejorar el texto
Franco resaltó que el objetivo es configurar un sistema «que determine con claridad y acierto los medios de respuesta ante las catástrofes, las acciones a realizar antes, durante y después de las emergencias y su organización, y la repercusión de esta acción pública en los derechos y deberes de los ciudadanos».
«Más ambiciosa»
La nueva ley trata de adaptar el sistema de respuesta ante emergencias de la Región de Murcia a la normativa estatal vigente desde 2015. Aunque, según Franco, la ley autonómica es «más ambiciosa que la estatal». Por ejemplo, dice la vicepresidenta que la norma regional es más concreta en cuanto a la regulación de los distintos planes de protección civil. «De hecho, hay instituciones o instrumentos en los que la ley estatal contiene apenas un esbozo, como sucede con el voluntariado de Protección Civil».
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Además, en alguna ocasión, la nueva ley «servirá para introducir, cuando se considere conveniente, nuevas piezas propias del Sistema de Emergencias y Protección Civil que no se encuentran en el ámbito estatal, como los planes sectoriales», indicó. Atiende la nueva ley, reiteró la vicepresidenta Franco, a la necesidad de establecer un régimen de infracciones y sanciones propio, «ya que el régimen sancionador de la norma nacional es insuficiente y ni siquiera expresa con claridad su aplicación fuera del ámbito de la Administración del Estado», explicó.
Se regulará la figura del voluntariado y se elaborará un reglamento con la formación mínima para socorristas en playas
Asimismo, la norma que se pretende aprobar regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia; el reglamento regulador del Registro de Planes de Protección Civil de la Región; el reglamento del voluntariado de Protección Civil y del Registro de Entidades de Voluntariado de Protección Civil; y el reglamento que regule la formación mínima exigida a los socorristas para la vigilancia y salvamento en playas marítimas y fluviales.
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Periodo de enmiendas
Pese a no contar con un voto en contra (la abstención de los dos diputados de Podemos impidió la unanimidad), el proyecto de ley de Emergencias y Protección Civil del Ejecutivo regional recibió críticas de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que se comprometieron a presentar enmiendas para tratar de mejorarlo.
El diputado socialista Fernando Moreno considera que se trata de una ley que «llega muy tarde, hasta tal punto de que le ha dado tiempo a López Miras a desmantelar el Sistema Regional de Emergencias y Protección Civil». Rafael Esteban (Podemos) reprochó que no se haya contado con la oposición para elaborar la norma, mientras que Ana Martínez Vidal (Cs) acusó al PP de haber permitido que la Región esté «siete años en el absoluto vacío legal» en materia de emergencias.
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Por su parte, Juan Antonio Mata (PP) valoró que la norma recoge el Mapa de Riesgos de Protección Civil, donde se identifican las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes. Francisco Álvarez (Grupo Liberal) subrayó que el sistema de Protección Civil regional se equipara con el nacional.
Como anécdota, fue precisamente en el debate de la toma de consideración de esta ley, mientras hablaba en la tribuna el diputado del PP Juan Antonio Mata, cuando sonó en los teléfonos móviles de los parlamentarios el aviso de emergencias programado dentro del ensayo que desde hace días el 112 avisó que iba a realizar para probar el sistema de avisos 'Es-Alert'.
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Preguntas sobre la balsa El Lirio, las ratio, el exceso de mortalidad y las macrogranjas
La segunda parte del Pleno de ayer en la Asamblea fue de control al Gobierno. Juan José Pedreño (Salud), Mabel Campuzano (Educación), Valle Miguélez (Empresa) e Isabel Franco (Política Social) fueron interpelados por la oposición sobre diversas cuestiones, mientras que Luis Alberto Marín respondió a las dirigidas a Antonio Luengo, que está de viaje.
Llamó la atención la pregunta planteada por Juan José Liarte, del Grupo Mixto, que se interesó por el exceso de mortalidad en la Región este año, según los datos del Instituto Carlos III. Y deslizó que una de las causas de este aumento de fallecimientos puede ser la vacuna contra la Covid. «Ahora que estamos vacunados, lo que cabría esperar es que bajaran las muertes. Pero en 2021, el año de la vacunación masiva, todos los grupos de edad tuvieron más muertes excepto, fíjese qué curioso, el de 0 a 4 años», dijo refiriéndose a que es el único que no se vacunó.
Liarte admitió que no tiene evidencias de cuál es la causa de exceso de mortalidad, que es común en España y Europa, «por lo que ha de existir un elemento común que se haya dado masivamente en todos ellos: tal vez algún hábito de carácter social que se haya adoptado o incluso que se ha impuesto en algún sitio», dijo.
El consejero de Salud reclamó «prudencia» y «evitar las especulaciones». Pedreño afirmó que los técnicos están estudiando las posibles causas del aumento de fallecimientos y recordó que el coronavirus «sigue matando».
Por su parte, el diputado Antonio Espín preguntó a Campuzano si tiene previsto reducir las ratios de alumnos en las aulas el próximo curso, a lo que la consejera de Educación respondió con un escueto «sí».
La socialista Carmina Fernández afirmó que, de la partida de 1,2 millones de la Comunidad para la descontaminación de la balsa El Lirio, casi la mitad (680.000 euros) se ha desviado «a la limpieza de una Consejería y a una feria».
Por su parte, María Marín denunció que el Gobierno regional ha autorizado la instalación de macrogranjas con informes en contra de la CHS, algo que el Ejecutivo niega.
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