Tres cuestiones clave

Además de encaminarse hacia un juicio por un presunto delito de prevaricación, como sus excompañeros de Consejo de Gobierno Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, Francisco Marqués deberá responder de un presunto cohecho. La juez le acusa de haber adquirido un piso en Valencia a la empresa Hansa Urbana -promotora de Novo Carthago- por el que habría pagado la mitad de su precio. La venta se formalizó trece días después de que se publicara el plan parcial en el Ayuntamiento de Cartagena. También será juzgada por presunto cohecho la exasesora de Cerdá, María Antonieta Fernández, ya que recibió en sus cuentas en aquellos días unos 125.000 euros para los que no ha sabido dar una explicación.

Joaquín Bascuñana no será juzgado por supuesto cohecho, ya que no se ha podido demostrar que hubiera percibido dinero de Hansa Urbana. Pese a ello, la magistrada no ha querido dejar pasar el hecho de que el exconsejero ha disfrutado en apariencia «de ingresos de origen desconocido». Así quedó de manifiesto en el informe patrimonial que elaboraron los inspectores de la Agencia Tributaria, que señalaron que a lo largo de trece años, entre 2001 y 2013, Bascuñana y sus familiares solo acudieron al cajero o al banco a sacar dinero en 45 ocasiones. La cantidad total retirada en efectivo ascendió a 55.383 euros (una media de 4.200 euros al año, 350 euros al mes para toda la familia). Pasaron años enteros sin sacar un solo euro.

La exculpación de todos los imputados vinculados al Ayuntamiento de Cartagena estaba cantada desde hace largos meses, cuando el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano archivó las diligencias abiertas sobre la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y declaró la legalidad de los trámites municipales. Esa resolución dejaba sin margen de maniobra a la juez Marín, que ha sobreseído la causa para el exconcejal de Urbanismo, Agustín Guillén; la arquitecta Mónica Lavia y el jefe de los servicios jurídicos municipales, Pascual Lozano. Respecto de Lavia y Lozano, la magistrada deja constancia de que no cometieron delito alguno porque «se limitaron a emitir los informes de trámite que eran preceptivos».