«Me pidió 2.000 euros para conseguirme el Certificado de Aptitud para el transporte»

Son hasta 1.427 las cadenas de conversación recuperadas por los agentes del teléfono móvil del ex jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio. Y ha sido tirando de ellas como los investigadores han llegado hasta algunas personas que, en apariencia, reúnen la doble condición de beneficiarios y perjudicados de esas prestaciones.

Una de las personas que han sido interrogadas es un ciudadano marroquí que necesitaba legalizar una nave industrial para instalar un taller mecánico y a quien Pérez Almansa y un colaborador suyo, que dijo ser ingeniero, pidieron presuntamente 1.000 euros por la tramitación. «Les di 500 euros –explicó a la Guardia Civil–. A los dos días me llamó el ingeniero y me dijo que todo el proyecto me costaría entre 22.000 y 24.000 euros. Me pareció excesivo y se lo encargué a otra persona. Luego me llamo Pérez Almansa para reclamarme los otros 500 euros que habíamos pactado, aunque en realidad no hizo ninguna gestión».

Otro de los afectados afirma que fue con un amigo a ver a Pérez Almansa a su despacho y le pidió 2.000 euros para conseguirle el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) del transportista. «Dijo que se encargaría de todos los trámites, pero me apunté a una autoescuela y los cuatro exámenes a los que me presenté los suspendí. Al final, acabé teniendo palabras serias con él y, después de mucho insistir, pude conseguir que me devolviera el dinero», relató.