El perito eleva hasta 38 millones el daño al Mar Menor por los vertidos de salmuera

Algo más de dos años después, casi exactamente esa misma cantidad aparece de nuevo vinculada a este asunto. En concreto, 19,7 millones de euros es el importe en que han sido valorados los daños que, en conjunto, habrían causado otras treinta empresas investigadas en distintos juzgados de Cartagena y San Javier en la segunda fase de 'Topillo'. Así lo confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Como en las diligencias instruidas en Murcia, la cifra sale de los informes individualizados que los jueces pidieron al ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Luis Burillo. Este perito actúa en auxilio judicial en estas causas, abiertas por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y que tienen su origen en operaciones llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia y con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

En 2021, Burillo dejó claro ante el juez instructor que los vertidos desencadenaron efectos «irreversibles y catastróficos» en el Mar Menor y su entorno. Y advirtió de que estos serán «muy difíciles de revertir, aun cuando los nutrientes dejaran de entrar en el Mar Menor». Y ello, porque los derrames han provocado el paso de un sistema oligotrófico a uno eutrófico, es decir con exceso de nutrientes. «Es un cambio drástico para el conjunto del ecosistema», incidió. Añadió que «afectará a la presencia de praderas y a la diversidad de especies que requieren aporte de luz y oxígeno, que pueden sufrir procesos de anoxia». E hizo hincapié en que son procesos «muy recalcitrantes» y de difícil solución.

La Fiscalía, que llevó a los juzgados las denuncias formuladas por el Seprona, y los magistrados se han apoyado en los informes de Burillo para tratar de delimitar la eventual responsabilidad penal de empresas y particulares. Por ahora no hay fecha para la celebración de los juicios.

En los asuntos más recientes, de la segunda fase de 'Topillo', cuatro de las 34 causas en que fue troceado el sumario han sido archivadas y la Fiscalía pide un quinto sobreseimiento. Las otras 30 causas están en la fase final de la investigación o han merecido ya la presentación de escritos de acusación por parte del Ministerio Fiscal. Según fuentes de la Fiscalía de Área de Cartagena, dos asuntos serán enjuiciados en la Audiencia Provincial, porque el daño al medio ambiente ha motivado peticiones de pena superiores a cinco años de prisión e indemnizaciones por responsabilidad civil. Otros dos asuntos han sido trasladados a los juzgados de Lo Penal, con solicitudes de pena superiores a dos años.

Mientras, distintos ayuntamientos –entre ellos los de Murcia y Cartagena– y asociaciones naturalistas ciudadanas, como Pacto por el Mar Menor y Ecologistas en Acción, estudian si se personan como acusación popular en dos de estas diligencias. La Audiencia Provincial ordenó días atrás al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena retirarles la condición de acusación particular, que se basaba en una aplicación incorrecta de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor. La acusación popular exige pagar una fianza y, en este ámbito del medio ambiente, no permite acudir al juicio si la Fiscalía no mantiene su acusación.

Acerca del primer bloque de empresas, atendiendo al criterio de la Audiencia Provincial, el juzgado de Murcia dividió recientemente en dos piezas este macroprocedimiento: una se refiere a 37 compañías, pues una consiguió el sobreseimiento; y la otra aborda la eventual responsabilidad política. Se celebrará una vista oral contra el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá (del PP) y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer (del PSOE), acusados ambos de prevaricación.

Ambos habrían omitido su deber de impulsar inspecciones en las explotaciones agrícolas para evitar el uso de desaladoras clandestinas –la Benemérita encontró algunas ocultas en zulos– y los vertidos al salmueroducto, que curiosamente fue construido y después desmantelado por la CHS porque no estaba asociado a un sistema de desnitrificación de las aguas.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, afirmó este martes que el Gobierno regional desarrollará este año «más de 130 proyectos presupuestarios enfocados a proteger y recuperar el Mar Menor». Lo hizo con motivo de la presentación de un avance del Plan de Acción para el Mar Menor 2024 y de las conclusiones del Informe Anual 2023 en el Pleno del Consejo Económico y Social (CES). Por segundo día consecutivo, el consejero no detalló el contenido de esos proyectos del Gobierno de Fernando López Miras.

El Plan de Acción fue aprobado el martes por la Comisión Interdepartamental de la Comunidad Autónoma, presidido por Vázquez e integrado por representantes autonómicos de Medio Ambiente, Turismo, Salud y Ordenación del Territorio.

Sobre la Comisión Interdepartamental, la reunión evidenció las diferencias en el Gobierno de coalición entre la parte del PP y la de Vox. El director general de Ordenación del Territorio, José Tomás Bernal Quirós, «pidió autocrítica porque, tras haberse presupuestado la inversión de 260 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma en los últimos tres años, el último informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) muestra que no hay síntomas de recuperación de hábitats y especies claves y atribuye la aparente estabilidad del ecosistema a factores climatológicos, más que a la mejora del Mar Menor».

Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, que depende de José Ángel Antelo, de Vox.

Según estas fuentes, Bernal señaló en la Comisión que «si la estrategia de recuperación del Mar Menor no está dando frutos, habrá que cambiarla, tras consensuar medidas con los expertos». Añadieron que Bernal sigue reuniéndose con agentes económicos y sociales para elaborar un borrador de modificación de la ley, que incluirá sanciones a los ayuntamientos que incumplan la normativa de saneamientos urbanos.