Pérez Almansa modificó un informe de urbanismo a petición de un abogado

Estos hechos, a los que el equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil dedica un extenso apartado de uno de sus atestados, han sido esclarecidos gracias al análisis de miles de cadenas de conversaciones por WhastApp que fueron intervenidas al principal sospechoso de esta trama corrupta, Luis Pérez Almansa, quien durante años fue el jefe de los Servicios Jurídicos de la citada dirección general de la Consejería de Fomento.

Los investigadores averiguaron por esta vía que el jurídico de la Administración autonómica mantenía una estrecha relación con algunos abogados urbanistas, incluso de amistad, entre los que se encontraba J. M. O. Y localizaron unos mensajes, fechados entre el 5 y el 27 de noviembre de 2018, que apuntaban a que esa confianza entre ambos podría haberles llevado a cruzar algunos límites prohibidos.

El primero de los mensajes sobre este asunto procedía del abogado urbanista y decía: «B. días. Si has podido ver el expediente, cuando puedas nos vemos para comentar». La respuesta de Pérez Almansa era: «Voy para allá».

Unos días después volvían a cruzarse mensajes sobre ese asunto.

–J. M. O.: «Ponlo en marcha».

–Pérez Almansa: «OK».

–J. M. O.: «Me envías el borrador».

–Pérez Almansa: «OK».

–J. M. O.: «Ponlo en marcha».

–Pérez Almansa: «Mañana te lo mando. (...) Dime tu correo. (...) Ya lo tienes».

El abogado acaba remitiéndole un documento en formato word titulado 'Informe Rostoy'.

Los guardias civiles lo abren y ello les permite conocer cuál es el asunto que se traen entre manos. Se trata de un expediente sobre una modificación puntual en materia de urbanismo, referida a unos terrenos pertenecientes a la mercantil Rostoy y luego a la mercantil Promociones Keops en Casillas, que se pretende que pase de ser un enclave de actividad económica a tener uso residencial, con una edificabilidad variable de entre 1 y 1,5 m2/m2.

Dentro de esos trámites, el Ayuntamiento de Murcia hizo una consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda con el fin de conocer cuál sería la tramitación correcta de este expediente. Y es Pérez Almansa, como jefe de los servicios jurídicos de ese departamento, quien tiene que emitir el informe que se enviará al Consistorio de Murcia.

En apariencia, a juzgar por los mensajes interceptados, el jurídico de la Comunidad se había prestado a enviarle el borrador de su dictamen al abogado de la parte interesada en la modificación urbanística. Y este, unos días más tarde, el 27 de noviembre, le manda un correo electrónico con algunas rectificaciones y, más concretamente, con la introducción de párrafos que podrían favorecer sus intereses, como la frase «modificación no estructural y no sometida a impacto ambiental».

Seguidamente, envía a Pérez Almansa un mensaje de WhatsApp: «Modificaciones en rojo. ¿Son aceptables?». Y el jurídico le responde: «Perfectamente. Se aclara. Las incluyo. (...) Las preparo mañana y las firmo».

La cadena de mensajes se cierra con el envío por Pérez Almansa de dos fotografías, correspondientes a las dos páginas del informe, ya con esas modificaciones.

No obstante, para alcanzar la seguridad absoluta de que el informe definitivo emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio acabó recogiendo tales 'sugerencias', la Guardia Civil requirió ese documento por vía oficial a la Consejería de Fomento. Y confirmaron que había sido exactamente así.

En base a todos esos elementos, los impulsores de la 'Operación Honeymoon' concluyeron que el letrado J. M. O. había logrado acceder, «entendemos que de forma privilegiada», al borrador de un informe oficial que iba a ser trasladado al Ayuntamiento de Murcia, «lo que podría considerarse presuntamente como un aprovechamiento por parte de un particular de información privilegiada». No solo eso, sino que además «se permitió con ello efectuar correcciones o modificaciones que, lógicamente, beneficiaban su interés y que luego fueron aceptadas e incorporadas por el propio Pérez Almansa».

De esta manera, consideran demostrada «la predisposición de Pérez Almansa a favorecer en su informe los intereses de J. M. O., incluyendo sus modificaciones en la conclusión final del informe».

Por este motivo, el abogado fue citado a comparecer en la Comandancia de la Guardia Civil, en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

Las diligencias también ofrecen datos de la estrecha relación entre Pérez Almansa y otro abogado urbanista, J. E. S., con quien también se ha constatado un trato muy fluido y habitual, que incluía invitaciones a comidas y matanzas, con frecuentes menciones y referencias a asuntos oficiales que pasaban por el despacho del jurídico de Urbanismo. En este caso, sin embargo, el asesor privado solo ha sido citado a declarar en calidad de testigo y no como investigado.