Ecologistas exige aclarar los daños en Rambla Salada y restaurar las zonas destruidas en Fortuna
Reclama al Consistorio redactar un plan urbano nuevo para evitar la ocupación del humedal y de otras áreas protegidas por la UE
Ecologistas en Acción exigió ayer que el Ayuntamiento de Fortuna y la Comunidad Autónoma aclaren qué espacios del humedal protegido del Ajauque y Rambla Salada y otras zonas han sido alterados, dañados o destruidos total o parcialmente con roturaciones y ocupaciones ilegales con fines urbanísticos y qué medidas se han adoptado para asegurar su restauración. Además, esta asociación de defensa del medio ambiente reclamó explicaciones por la eventual responsabilidad del Consistorio y de la Consejería de Medio Ambiente en la modificación de los hábitats de interés comunitario para la Unión Europea durante catorce años.
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Fuentes del colectivo advirtieron sobre las posibles sanciones a las que se enfrenta la Región de Murcia por parte de las autoridades comunitarias, si no se devuelve las zonas afectadas a su estado original y se adoptan medidas para preservar en la práctica el humedal, las especies de flora y fauna que acoge y otros hábitats.
Fuentes de Ecologistas lamentó los perjuicios, que han salido a la luz durante el proceso de modificación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Fortuna. Como publicó este martes LA VERDAD, un informe de la consultora Incotec, encargado por el Consistorio para corregir las deficiencias del PGMO detectadas por la Consejería de Fomento, advierte sobre la existencia de «variaciones en el terreno». Estas que «han hecho desaparecer alguno de esos hábitats» desde 2010, año en que se hizo un estudio sobre la distribución de estos espacios de alto valor ecológico en el término municipal.
Solicita a la Consejería de Medio Ambiente que detalle el alcance de los destrozos detectados y las medidas de conservación
La Consejería de Medio Ambiente tiene cuatro expedientes con resolución condenatoria contra «tres particulares y una finca» por roturaciones, abrir viales e incumplir la autorización para realiza un vallado. Las sanciones van de 3.000 a 8.0000 euros.
Cartografía
Ecologistas denunció «las fechorías cometidas en el espacio protegido y la actitud del Ayuntamiento, que pretende escamotear a Fomento la cartografía de hábitats, faltando a la obligación que impulso la declaración de impacto ambiental». Instó al Gobierno local, que dirige la alcaldesa Catalina Herrero, del PP, a actualizar ese mapa y criticó que se insista en un crecimiento urbanístico injustificado, propio de la época del 'boom urbanístico».
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Ante esta «nueva amenaza para el patrimonio natural», Ecologistas presentará alegaciones y exigirá renunciar a la modificación del PGMO e iniciar la redacción de un nuevo Plan. Un objetivo es «poner los hábitats a salvo de la urbanización, conforme a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y al sentido común».
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