El Consistorio de Puerto Lumbreras evita aclarar si acusará a Pedro Antonio Sánchez por el 'Auditorio'

Ahora, después de un año largo desde que hubiera calificado los hechos el Ministerio Fiscal y la acusación popular representada por un exconcejal socialista y la formación Podemos, el juzgado ha tenido que volver a requerir al Consistorio lumbrerense para que se pronuncie acerca de si va o no a formular acusación contra quienes están encausados en estas diligencias: el exalcalde del PP Pedro Antonio Sánchez, el arquitecto Martín Lejarraga, la secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la constructora Ecisa, Vicente Gimeno Merino, que fue la adjudicataria del encargo para levantar el Teatro-Auditorio.

La respuesta ofrecida por el letrado del Consistorio lumbrerense ante el emplazamiento judicial no es ni sí, ni no, ni todo lo contrario. «Dejamos consignado que las manifestaciones, conclusiones y peticiones que proceden, en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, se ejercitarán y verificarán ante el órgano de enjuiciamiento», señala. Esto es, que lo que tengan que decir ya lo harán en el juicio.

La respuesta vuelve a sacar a la luz la ya vieja cuestión del auténtico papel desempeñado por las acusaciones particulares que, en representación de instituciones públicas, están llamadas a defender los intereses públicos frente a quienes han sido sus máximos dirigentes. Especialmente cuando quienes han sucedido en el cargo a los encausados son del mismo signo político que estos, como ocurre en el caso de la actual alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez.

Ejecutado en un 61%

En cualquier caso, el requerimiento del juzgado para que el Ayuntamiento se pronuncie apunta a la voluntad de la juez instructora de acelerar al máximo la remisión del caso a la Audiencia Provincial para que señale la fecha del juicio. Pedro Antonio Sánchez, con acusación del Consistorio lumbrerense o sin ella, se enfrenta ya a una petición de cuatro años y medio de cárcel, inhabilitación especial para empleo y cargo público por un periodo de 19 años y multa de seis millones de euros, que son las penas que reclama el fiscal por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude y fraude de subvenciones.

En su escrito de calificación, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, enumera una larga serie de supuestas irregularidades que se habrían cometido durante el proceso de redacción, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.

La construcción de este edificio supuso una inversión de seis millones de euros, procedentes de una subvención de la Consejería de Cultura. Fue recepcionado por el Consistorio pese a que solo se había ejecutado en un 61%, según los informes periciales. Para acabarlo habrían sido necesarios otros 2,3 millones.

Lo más delicado del asunto es que, siempre según la acusación del fiscal, para ir justificando el gasto de la subvención otorgada por la Comunidad, y evitar tener que devolver una parte de los fondos, se habrían ido firmando certificaciones de obra «incrementadas indebidamente en un 38%, a sabiendas», lo cual se habría hecho «al contemplar dos veces el beneficio industrial y los gastos generales» y al haber efectuado «una mendaz certificación de acopios y haber simulado los trámites de final de obra, recepción y liquidación».

Por parte del exconcejal socialista y Podemos, que son quienes ejercen las otras acusaciones privadas, se piden para Sánchez unas penas de dos años, que se elevarían hasta cinco si se tiene en cuenta, como se pide de manera alternativa, un posible delito de falsedad documental, además de reclamar una veintena de años de inhabilitación especial.