Ocho ONG reclaman a López Miras que asuma el reparto de menores migrantes

En concreto, la misiva fechada el pasado 6 de junio y firmada por Amnistía Internacional, Murcia Acoge, Al Fanar, FAAM, Parem, Convivir sin Racismo, Abeto y el Círculo del Silencio de Cartagena, pide a la Comunidad que cumpla «con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las diferentes comunidades autónomas, asumiendo solidariamente la reubicación obligatoria de los menores». Por otra parte, denuncia falta de transparencia acerca de los atendidos en cada territorio y advierte de la posibilidad de violaciones de derechos humanos si no se adoptan medidas urgentes y coordinadas entre las Administraciones.

Las organizaciones reclaman que cualquier actuación relacionada con estos menores respete en todo momento «el principio del interés superior del niño», conforme a la legislación nacional e internacional, y exigen que se garantice «la protección jurídica efectiva», y que se «evite la privación de libertad en Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE)» y la estancia en macrocentros, donde, según las organizaciones firmantes, no siempre se garantiza el interés superior del menor.

Las entidades demandan al Gobierno regional que garantice «la no discriminación y medidas efectivas de integración» y que se «faciliten los trámites para obtener documentación, o para garantizar que aquellos que necesitan protección internacional puedan acceder a ella», entre otras actuaciones.

Critican, por otra parte, la gestión de estos procesos, donde hay menores que, según aseguran, no son identificados correctamente ni informados adecuadamente sobre sus derechos, y solicitan la dotación suficiente de recursos a nivel autonómico para asegurar una acogida digna.

Cierra la carta un llamamiento a autoridades y representantes políticos para que se abstengan «de utilizar discursos criminalizadores o que deshumanizan» a los menores y que los censuren «cuando se produzcan».

Mientras tanto, el Gobierno regional sigue confiando en que el Tribunal Constitucional deje sin efecto el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece las medidas urgentes para el reparto de los menores. De momento su recurso ha sido admitido a trámite por el alto tribunal, como publicó este martes el Boletín Oficial del Estado y como ya ocurrió con la impugnación de la Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria.

Del futuro de ese recurso de inconstitucionalidad depende que la Región tenga que acoger a cerca de 195 menores migrantes más, según los cálculos iniciales del Ministerio.