Municipios y colectivos del Mar Menor piden unificar los criterios urbanísticos

Dentro de la fase de evaluación ambiental del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, los ayuntamientos de Cartagena y de Murcia han trasladado a la Comunidad Autónoma la necesidad de fijar parámetros técnicos de obligado cumplimiento por parte de promotores y administraciones públicas, así como fórmulas de coordinación entre estas últimas. Todo ello, para hacer realidad uno de los principales objetivos del Plan: reducir la superficie urbanizable, para no añadir más presión a la deteriorada laguna.

Ese reto pasa por la revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico de los diez municipios de la cuenca (planes generales y normas subsidiarias). Por ello, el Consistorio de Cartagena ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente «analizar con suficiente detalle cómo se va a llevar a cabo la revisión y adaptación de las determinaciones urbanísticas de los PGOU y su viabilidad, especialmente en aquellas zonas urbanas ya consolidadas».

Además, según informaron fuentes del gobierno local a preguntas de LA VERDAD, «los enfoques propuestos de densificación y reducción del consumo de suelo deben establecer mecanismos urbanísticos y económicos que permitan la modificación de aquellos sectores con planes parciales aprobados y urbanizables sectorizados». El ejecutivo de Noelia Arroyo, del PP, pone sobreaviso así al nuevo Gobierno regional, de PP y Vox, sobre posibles costes para las arcas municipales. Uno sería el pago de indemnizaciones a titulares de los terrenos que pasarían a ser no urbanizables o protegidos.

El Plan de Ordenación Territorial avisa de que las previsiones de los municipios implican un aumento del 62,89% del parque actual de vivienda, que pasaría de 111.408 a 177.134. Y apuesta por atajar este «enorme crecimiento» e impulsar un modelo de «consumo racional de suelo y de recursos». En esa línea se expresó también la semana pasada el Ministerio para la Transición Ecológica, que avisó del peligro de «incrementar aún más la vulnerabilidad al riesgo de inundaciones aguas abajo, al disminuir la capacidad de retención del suelo y aumentar los caudales». Alertó sobre 19.000 hectáreas cuya ocupación supondría «la impermeabilización adicional del 23% de la cuenca alta y sellaría el 33,7% de la zona».

Este diagnóstico afecta, en particular, al municipio de Murcia, que según el plan elaborado por Fomento en la etapa de José Ramón Díez de Revenga (del PP) ha planificado grandes urbanizaciones en Baños y Mendigo, Los Martínez del Puerto, Valladolises, Lo Jurado, Jerónimos, Avileses, Balsicas de arriba, Sucina, Gea y Truyols y Corvera.

En este contexto, el gobierno local de José Ballesta (del PP) ha señalado a Medio Ambiente la conveniencia de «coordinar la elaboración de este plan de ordenación con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, cuyos trámites se acaban de iniciar». La aprobación definitiva de esta última normativa depende de Fomento, cuyo nuevo titular es José Manuel Pancorbo, de Vox. Este mismo partido que gestiona Ordenación del Territorio a través de José Ángel Antelo, también consejero de Interior y Emergencias y vicepresidente.

El Consistorio de la capital también insta a «revisar y ajustar las zonas inundables en el planeamiento urbanístico», conforme a los mapas del Ministerio; «considerar la sostenibilidad territorial»; y «revisar los indicadores y ajustar el planeamiento para un desarrollo más sostenible».

Asimismo, Pacto por el Mar Menor, plataforma que agrupa a 36 asociaciones y organizaciones ciudadanas y ecologistas, ha presentado alegaciones para que se fije unos «criterios básicos de actuación urbanística». Ello, «en orden a un desarrollo coherente con el modelo de ocupación y usos del territorio».

En un escrito dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan María Vázquez, la menta la falta de concreción de Fomento y exige «evitar desequilibrios funcionales en las zonas limítrofes de los municipios»; unificar los parámetros para declarar suelos como no urbanizables o protegidos; concretar «la localización y el dimensionamiento de áreas industriales, usos terciarios, dotaciones y distribución de actividades»; detallar las «densidades»; y hacer «reservas de suelo» para promociones públicas de vivienda.