El Tribunal de Cuentas indaga el perdón de 3,6 millones a la promotora de Camposol

Imagen de archivo de los destrozos en la urbanización. /J.M. Rodríguez/ AGM
Imagen de archivo de los destrozos en la urbanización. / J.M. Rodríguez/ AGM

Un auto del órgano fiscalizador apunta a «irregularidades contables» en la ejecución de las obras

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍA

No ha caído en saco roto el informe de conclusiones que una comisión de la Asamblea Regional redactó para depurar responsabilidades por el estado calamitoso de la urbanización Camposol y los problemas que tal situación genera a sus residentes, la mayoría de ellos jubilados británicos. Ese documento ha llevado a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a acordar «la práctica de diligencias» sobre algunas cuestiones poco claras en el proceso de construcción de los 4.000 dúplex de este complejo.

Margarita Mariscal de Gante, consejera de cuentas del citado organismo, expone que esta decisión se adopta tras haber sido informada por el Ministerio Fiscal de «presuntas irregularidades contables» en la actuación del Ayuntamiento mazarronero. Y todo ello, «a la vista de la documentación remitida por la Asamblea Regional de Murcia, referente a la ejecución de las obras de la urbanización Camposol».

El contenido del auto, firmado por la que fue ministra de Justicia con José María Aznar, sitúa al Consistorio y a la promotora Justo y Manoli en la diana de la investigación.

Los servicios jurídicos dicen que «hay que determinar si existe responsabilidad patrimonial y de quién es»

La consejera de cuentas recuerda que esta mercantil fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia, en 2010, a pagar 3,6 millones de euros por construir 724 viviendas sin licencia municipal de obras. A pesar de ese fallo, la Administración local, gobernada por aquel entonces por el popular Francisco Blaya, supuestamente nada hizo para ingresar la citada cantidad en las arcas municipales. «El Consistorio no ejecutó las indicadas sentencias, ni comunicó a la administración concursal de la mercantil Justo y Manoli el mencionado crédito para que formase parte de la masa concursal», apunta Mariscal de Gante en sus razonamientos.

A esta aparente irregularidad contable la consejera de cuentas añade otra más: «El Ayuntamiento inició el procedimiento administrativo para incautar los avales que la mencionada promotora depositó para responder de las obras de urbanización, pero no ha llegado a ejecutarlos». El importe de esos avales supera los 2.714.000 euros.

La resolución también reprocha una de las decisiones adoptadas en Camposol por la anterior corporación local, cuando en agosto de 2014 «realizó la recepción de las obras de urbanización en contra del criterio del secretario general del Ayuntamiento». Esta decisión fue adoptada por la coalición que lideraban el socialista Francisco García y el independiente Ginés Campillo.

Tanto en mayo como en junio, el Tribunal de Cuentas ofreció sendas oportunidades a la Administración mazarronera para que se pronunciase sobre estos hechos, pero «no ha presentado alegación alguna». De modo que Margarita Mariscal de Gante acuerda nombrar un instructor para que indague sobre «las irregularidades detectadas».

En un plazo máximo de dos meses, al amparo del artículo 47 de la ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el instructor deberá determinar si hubo un perjuicio a las arcas municipales, su importe y si existen responsabilidades contables.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento confirmaron ayer que se han personado en la investigación, de la que aclararon que se encuentra «en una fase embrionaria». También precisaron que las diligencias que se practiquen «tendrán que determinar si hay visos de responsabilidad patrimonial y por parte de qué personas». De hecho, el citado artículo de la ley prevé incluso medidas como el embargo de bienes de los supuestos responsables.

La regidora popular, Alicia Jiménez, corroboró que este proceso pretende «individualizar» responsabilidades sobre el proceso de construcción de Camposol. Jiménez no explicó el motivo por el que en 2010, el equipo de gobierno que lideró Francisco Blaya no reclamó a la promotora esos 3,6 millones. Tan solo subrayó que ella misma incluyó esa suma, junto con otras deudas, en un informe al Tribunal de Cuentas. «No estábamos siendo diligentes con los cobros a deudores», admitió. Jiménez sí aclaró que no cobraron los 2,7 millones de los avales de la promotora «porque un banco planteó un contencioso contra su incautación».

Los residentes, en riesgo

Hasta la fecha, la Fiscalía ha abierto dos investigaciones sobre la urbanización: la primera, por un delito urbanístico y presunta estafa, y la segunda, a instancias de la referida comisión de la Asamblea Regional. En ambos casos, las diligencias se archivaron por la prescripción de los hechos. Tina Ruiz, edil de Cs, zanjó ayer que «en Ciudadanos siempre hemos reclamado que este caso fuese al Tribunal de Cuentas para que los responsables asuman con su patrimonio personal el perjuicio que han causado a los vecinos de Camposol y al Ayuntamiento».

La concejal naranja no exagera, puesto que el auto recuerda que «la promotora Justo y Manoli ignoró los expedientes sancionadores y las órdenes que desde 2014 le impedían continuar con la construcción sobre el cauce y la zona de afección de la Rambla de Los Aznares». Precisamente, la inestabilidad de los terrenos del ramblizo causó daños estructurales a 550 casas y calles de la urbanización. Y así lo recoge también el Tribunal de Cuentas: «El estado actual de la rambla de Los Aznares implica un riesgo cierto para bienes y personas. Existen graves problemas de movilidad y habitabilidad que han provocado un profundo deterioro en algunas zonas y un déficit de infraestructuras básicas, que afectan a la calidad de vida de los residentes».