La propuesta de Vox de crear en la Asamblea una comisión de investigación sobre la gestión del aeropuerto regional –poniendo el foco en el PP–, ... pasa por alto varias consideraciones: en primer lugar, la Consejería de Fomento, que tiene a su cargo la parte más compleja de esta infraestructura, tuvo al frente durante diez meses a José Manuel Pancorbo, designado precisamente por Vox, con lo cual esto puede acabar en una autoinvestigación que obligue a comparecer al exconsejero voxista.
En segundo lugar, la Comunidad Autónoma tuvo que asumir el aval de 182 millones de euros porque la anterior concesionaria liderada por Sacyr, presidida entonces por el empresario murciano Luis del Rivero, no cumplió con el contrato porque dijo que no lograba financiación para finalizar el aeropuerto (obra que ejecutó y cobró la propia Sacyr). Las arcas autonómicas tuvieron que apechugar y comenzó una larga 'guerra' que acabó con la rescisión del contrato de Sacyr (entonces dirigida por Manuel Manrique) y la búsqueda de otro concesionario.
En tercer lugar, en el año 2016 ya hubo en la Asamblea una comisión de investigación que no depuró responsabilidades, salvo constatar que el aeropuerto le cuesta una pasta a los murcianos. Al final, la concesión recayó en Aena porque era la única empresa (semipública) que tiene riñón para soportar un negocio por ahora deficitario. De hecho, un informe interno de Aena avisó previamente de que el aeropuerto iba a ser ruinoso. Si el contrato hubiera recaído en otra empresa, es muy probable que el aeropuerto estuviera cerrado (salvo que funcionara a base de cheques de la Comunidad).
Para redescubrir lo que ya se sabe, puede que dicha comisión se apruebe con los votos de PSOE y Podemos, visto lo sucedido con las sesiones de control al Gobierno. Toda la luz y taquígrafos que hagan falta; aunque estar gestionando el aeropuerto cuando se gobierna y, luego, pedir una investigación cuando no se gobierna, pues ya lo explicará Vox si quiere.
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