La lucha contra el fraude laboral se salda este año con 25,5 millones en sanciones

Estafar dinero a la Seguridad Social es una costumbre nada ética y poco rentable, pues las tretas empresariales o personales tienen, como las mentiras, cada vez los pies más cortos. La Inspección de Trabajo vigila con lupa muchos de los movimientos de los ciudadanos y así lo demuestran los datos de este año a punto de finalizar, que fueron ofrecidos ayer en rueda de prensa por el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, quien destacó que la Inspección de Trabajo ha recuperado un total de 25,5 millones de euros en sanciones a empresas y trabajadores.

De ellos, 3,1 millones proceden de «recaudaciones inducidas», o lo que es lo mismo, de la economía sumergida, un dinero que «entra directamente a las arcas públicas». Para Celdrán, las cifras son altamente positivas, puesto que «menos economía sumergida es un síntoma de más calidad en el mercado laboral, menos competencia desleal, más beneficios para los trabajadores y más rentabilidad para la sociedad». Entre las irregularidades sancionadas más repetidas se encontraron la compatibilización inadecuada de prestaciones de incapacidad, maternidad o jubilación con el trabajo por cuenta ajena.

Además, esta lucha contra el fraude ha detectado a 2.833 trabajadores en situación irregular, empleados que ya han sido incluidos en el sistema de la Seguridad Social. Por sectores, más del 29% de los expedientes sancionadores en materia de economía irregular se produjeron en la hostelería, seguida del sector de la construcción, que presentó más del 25% de los mismos. Tras ellos, estas infracciones se repetían con más frecuencia en los servicios, la industria, el comercio y la agricultura. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, se han realizado un total de 6.599 visitas a empresas e instituciones en las que se detectaron 995 infracciones, expedientes que recaudaron 3,2 millones de euros. Las cifras y su valoración por parte del Ejecutivo se conocieron tras la reunión celebrada este martes de la Comisión Operativa Autonómica de Inspección de Trabajo, que preside el consejero. En ella también se diseñaron las actuaciones para el ejercicio de 2019, que prevén un aumento del 12% en actuaciones de prevención de riesgos laborales y un 6% más en vigilancia de la calidad del empleo y las relaciones contractuales.