Las llegadas de inmigrantes por las costas se triplican en un año y ya superan las 4.300
El Gobierno acoge en sus programas de atención a 3.158 de esos irregulares, mientras que 1.149 quedan fuera de los dispositivos humanitarios
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene acreditada la llegada de 4.307 inmigrantes irregulares a las costas de la Región de ... Murcia este año, el triple que en 2019. La cifra es provisional, ya que no contabiliza los que han tocado tierra desde el pasado día 21 y los que pudieran hacerlo hasta mañana, pero ya supone todo un récord. Son más de dos mil que los llegados en 2017, el año con mayor presión de pateras desde Águilas a San Pedro del Pinatar.
Así queda de manifiesto en un oficio del director general de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio, Francisco Miguel Dorado Nogueras, remitido el pasado día 21 a la Asamblea Regional como respuesta a la solicitud oficial de información para la comisión de investigación sobre la gestión de la llegada de pateras durante la pandemia. El documento ofrece datos de la evolución en los últimos cinco años de la entrada irregular por mar de extranjeros procedentes de Argelia. Se ha pasado de las 487 llegadas de 2016 a las 4.307 entre enero y diciembre de este año. En 2017 desembarcaron 2.125 norteafricanos; en el ejercicio siguiente, 1.714; y el pasado, 1.439.
El director general destaca que, de todos los llegados desde enero, 3.158 han sido acogidos por los dispositivos del programa de atención humanitaria que se presta en cualquier lugar del territorio español, no solo en Murcia. Es decir: 1.149 han quedado al margen de esos planes de atención debido a su puesta en libertad por parte de las autoridades españolas, o porque han logrado escapar de los campamentos montados para sus cuarentenas sanitarias. Así ocurrió en verano en el muelle de Escombreras y en el pabellón de Cabezo Beaza de Cartagena. Al margen de las cifras oficiales quedan quienes tocan tierra y consiguen esquivar a los cuerpos policiales.
La Región multiplica por diez en un lustro el número de personas que desembarcan de pateras procedentes de Argelia
Fuera de control
El año pasado, cuatro de cada cinco inmigrantes argelinos ya quedaron fuera de los programas de acogida del Ministerio que dirige José Luis Escrivá.
Relacionada con la misma comisión, la Asamblea también ha recibido información del Instituto Nacional de Estadística sobre el empadronamiento de extranjeros. A fecha 1 de enero de 2019 figuraban censados 211.239, el 14% de la población regional. Pero el dato ha quedado desfasado, ya que un año después la Comunidad murciana superó el millón y medio de habitantes.
La Asamblea constituyó el pasado 27 de noviembre a propuesta del Grupo Popular la comisión de investigación sobre las consecuencias sociosanitarias y de seguridad de la llegada de inmigrantes irregulares durante la pandemia. Presidida por el popular Víctor Martínez-Carrasco, hasta ahora solo ha hecho trabajos previos, como la recopilación de información y la recepción de propuestas de comparecientes.
El PP ha pedido que acudan a declarar Escrivá, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el delegado del Gobierno, José Vélez. Quieren que este último explique los retrasos para habilitar en el puerto de Cartagena un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) que acabe con el campamento provisional de Escombreras.
El PP pide categoría provincial para la comisaría de Cartagena
Un ascenso de categoría para luchar contra la inmigración irregular. Eso es lo que pide el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, que ayer registró una moción para que el Ministerio del Interior recalifique el rango de la comisaría de la Policía Nacional en Cartagena de local a provincial, o «como mínimo a tipo A».
En la motivación de la iniciativa, el PP destaca que la plantilla policial de Cartagena está compuesta por 338 funcionarios, de los que 192 se dedican a tareas de seguridad ciudadana. Considera esos efectivos «escasos para las necesidades del territorio y la población que han de atender», sobre todo con el «aumento de la presión de la inmigración ilegal». También califica «del todo insuficientes» los 50 policías asignados a los cinco grupos de investigación. Solo la Brigada de Extranjería ha pasado en un año de tramitar 1.200 expedientes a casi 3.000, teniendo que derivar trabajo a otras comisarías. La apertura de un CATE requeriría al menos 60 agentes para vigilarlo las 24 horas.
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