Un juzgado investiga si Diego Conesa prevaricó como alcalde al no tramitar una multa de tráfico
Las diligencias intentan aclarar si el líder socialista evitó que un concejal de Izquierda Unida en Alhama de Murcia fuera sancionado
El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, se encuentra en el punto de mira de unas diligencias penales abiertas en un juzgado de Totana, con las que se busca aclarar si prevaricó mientras era alcalde de Alhama. La investigación apunta a que Conesa no tramitó supuestamente un expediente de la Policía Local, referente a una infracción de tráfico, al objeto de evitar que un concejal de Izquierda Unida, Juan Romero, fuera sancionado. En el periodo en el que ocupó la alcaldía alhameña, entre los años 2015 y 2018, el ahora líder del PSRM gobernaba en minoría y tenía que apoyarse habitualmente en los tres ediles de IU para poder sacar adelante sus proyectos.
Fuentes de toda solvencia consultadas por LA VERDAD confirmaron que la denuncia que ha dado origen a esta instrucción fue interpuesta hace unos dos años por el entonces sargento jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia, José Clares, después de haberse percatado de que una de las propuestas de sanción que habían redactado sus agentes no había sido tramitada después de pasar por las manos del alcalde. Al haber transcurrido ya un tiempo mucho más que prudencial y no haber vuelto nadie a tener noticias de la suerte corrida por esa acta de infracción de tráfico, el jefe de los policías locales presentó una denuncia en los juzgados. Y es que su conclusión fue que la multa había acabado en el fondo de un cajón, cuando no directamente en la papelera, en un aparente intento ilícito de beneficiar al edil del partido que, con su voto a favor y su abstención, le ayudó a sacar adelante los Presupuestos de 2016, 2017 y 2018.
La causa, que parte de una denuncia del exjefe de la Policía, se archivó en un primer momento pero se ha reabierto este verano
El asunto no tuvo buen arranque en un primer momento, ya que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Totana no apreció suficientes elementos delictivos y vino a archivar las actuaciones sin haber practicado pruebas al respecto. Este hecho llevó al denunciante a presentar un escrito en la Fiscalia Superior de la Región, en el que volvió a relatar los hechos básicos de su denuncia y a reclamar una especie de amparo. La iniciativa tuvo éxito, ya que el Ministerio Público recurrió el sobreseimiento de la causa ante la Audiencia Provincial y este órgano ordenó que se practicaran más diligencias para esclarecer totalmente los hechos.
Escrito a la Asamblea
Fruto de esa resolución, en las últimas semanas la juez Marta Rodríguez Martínez ha desarrollado una intensa actividad en torno a este asunto, reclamando documentación e informes al Ayuntamiento de Alhama de Murcia y ordenando a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigue lo acontecido y elabore un atestado con sus conclusiones.
Las mismas fuentes confirmaron que la instructora ha preguntado ya a la Asamblea Regional si Diego Conesa es actualmente diputado regional, un trámite cuya respuesta es obvia pero que está obligada a satisfacer y que tiene por objeto determinar si el político socialista disfruta de algún tipo de fuero especial. A la vez, desvela su convencimiento de que, en el actual momento de la investigación, se hace necesario citarlo a declarar como investigado; algo que ella no podrá hacer, de cualquier forma, ya que los parlamentarios regionales solo pueden ser perseguidos judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM).
Por esta razón, una vez recibida la confirmación sobre el aforamiento de Diego Conesa, a la magistrada no le quedaría otra opción que remitir una exposición razonada a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJRM, para que sean sus magistrados quienes determinen si deben o no imputarlo por la presunta prevaricación. La mencionada exposición razonada debe resumir los hechos que se habrían cometido y todos los indicios del supuesto delito que se habrían recabado por el juzgado de Totana.
«El sargento, que tenía inquina a IU, no siguió el procedimiento habitual»
El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, aclaró que él no está «ni imputado ni investigado», y que el juzgado de Totana no le ha notificado siquiera que hay una denuncia contra él por parte del exsargento de la Policía Local de Alhama.
El líder socialista en la Región reconoce que le sorprendió que la juez se dirigiera a la Asamblea Regional interesándose por su condición de diputado, pues pensaba que el asunto de la multa de tráfico al concejal de IU había quedado archivado.
Conesa relata a LA VERDAD su versión de los hechos: «Hubo un comportamiento reprobable por parte del edil de IU que fue sancionado por la Policía Local. Pero en este caso no se siguió el procedimiento habitual, que era que el sargento notificaba la multa y yo, como alcalde, la firmaba. En vez de eso, el sargento, que era un hombre con una gran inquina personal hacia 'los comunistas' y que además estaba en vías de ser relevado, registró un escrito en el Ayuntamiento solicitándome que convocara un Pleno extraordinario para reprobar la actuación del concejal».
Conesa consideró que no procedía celebrar un Pleno por este motivo y reclamó al funcionario que la sanción se tramitara del mismo modo que la de cualquier otro ciudadano. «Ya no hablamos más del tema hasta que tiempo después, cuando ya había sido sustituido por un oficial, este señor se presenta en mi despacho diciéndome que me va a denunciar porque la multa no se había tramitado. Ante eso, investigamos y vimos que el que no la tramitó fue él, por lo que pasó el plazo preceptivo y la sanción quedó prescrita», argumenta.
El secretario del PSRM revela que ya prestó declaración por escrito ante la Guardia Civil por este asunto y que si lo llama un juez en el futuro no tendrá problema en colaborar de nuevo.