La Audiencia tumba la prórroga para investigar a Vélez por el caso de la plaza de toros

En un auto reciente, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la Sección Segunda de la Audiencia acepta el recurso presentado por uno de los investigados contra esa decisión del juez instructor –dictada el pasado noviembre– de alargar la investigación del caso. La Sala entiende que, aunque el magistrado fundamenta la necesidad de alargar la instrucción en el hecho de que aún haya pendientes diligencias relevantes, «no se ha explicado ni por qué no se han practicado ni por qué son relevantes para la investigación».

La Audiencia insta, por tanto, al juez instructor a que dicte una nueva resolución en la que motive expresamente la necesidad de llevar a cabo esas pruebas aún pendientes, así como su relevancia. A su entender, el auto en el que el magistrado ordenaba esa prórroga de la instrucción estaba «inmotivado» y, por lo tanto, no puede considerarse válido. Esta decisión de la Audiencia afecta a todas las diligencias que el juzgado ha llevado a cabo desde la fecha y a las que estaban pendientes en este momento. El instructor tenía previsto escuchar, el próximo 19 de abril, a dos interventores del Ayuntamiento calasparreño que han sido citados como testigos.

Ese es el nuevo paso que daba el magistrado después de que, a finales de septiembre, solicitase la presentación de diversas facturas. La acusación particular, que ejerce el letrado Juan Rigabert en representación de los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, ha presentado un escrito al juzgado en el que exige que se justifiquen mejor determinados gastos. Esta parte sostiene que el instructor pidió a la empresa Chipé Producciones las facturas correspondientes al festejo de recortadores de 2018 y que, recibida la información, la mercantil «pretende justificar con dos simples recibos, sin numerar, que a la vista está que han sido confeccionados por la misma persona».

La acusación particular explica que uno de esos recibos, por valor de 6.750 euros, está firmado por un ganadero de Albacete. Esta parte sostiene, sin embargo, que los novillos utilizados en ese festejo no eran de esa ganadería y que, tal y como se informó en la presentación del evento y recogieron diversas crónicas, eran de una ganadería de Salamanca. El letrado Rigabert reclama, entre otras pruebas, que se aporte un documento justificativo de la relación de ingresos y gastos relacionados con ese evento de 2018