Rector de la Universidad de Murcia

José Luján: «Las universidades padecen de un problema de resistencia al cambio extraordinario, y hay que vencerlo»

-Circula un rumor que apunta a que podría estar barajando su salto al Supremo, a la sede de lo social-laboral, a través del sistema de ingreso para juristas de reconocida competencia...

-Sinceramente, no sé de dónde puede venir ese rumor, aunque alguna otra persona me lo ha dicho. No está en mi horizonte en este momento. Me quedan tres años en el Rectorado, y cuando termine, volveré a mi despacho de la Facultad de Derecho a retomar el hilo normal de mi carrera como profesor. A partir de ahí, yo nunca digo nunca a nada.

-En cualquier caso, ¿completará el mandato en el Rectorado?

-El mandato de rector se completa.

-Y una vez lo complete, ¿se lo plantearía?

-Soy una persona que tiene una muy clara vocación de servicio público, y fundamentalmente la ejerzo como profesor de Derecho. Es cierto que hay destinos a los que un jurista no puede decir que no. Una oferta de esa naturaleza yo creo que no se puede rechazar.

-Acaba de cumplir el primer año de su segundo mandato. El primero estuvo marcado por la pandemia y apenas pudo desarrollar su programa. ¿Ha podido empezar a hacerlo?

-Estoy muy contento de cómo supimos manejarnos en la pandemia. Ahora vamos sacando adelante proyectos, pisando el acelerador. Ha sido un año marcado por el problema del precio de la energía, que hemos enfrentado haciendo un esfuerzo enorme de contención; somos ejemplo de asignación eficiente de recursos públicos. Estamos pisando fuerte en investigación; en la última convocatoria de la Fundación Séneca, de los 59 proyectos que han sido reconocidos, 45 son de la UMU. Hemos logrado buenos resultados en los programas Beatriz Galindo, Ramón y Cajal, estamos en convocatorias competitivas y consiguiendo fondos, y a punto de inaugurar el laboratorio de contención biológica 3, el primero de la Región. Hemos sacado adelante el plan para mejorar la salud mental de la comunidad universitaria, el nuevo plan de convivencia… Y hemos entrado en el consorcio de universidades europeas EuniWell. Somos la única región de España que tiene a sus dos universidades públicas en consorcios internacionales.

-¿Cómo explica que la UMU y la UPCT se integren en consorcios internacionales y no sean capaces de reforzar su alianza?

-En el discurso de apertura de curso dije algo al respecto y levantó polvareda, y me alegro, porque es un reto que afrontar. Los problemas hay que ponerlos encima de la mesa y decir: ¿qué hacemos 15 años después con Campus Mare Nostrum (CMN)? Las dos universidades públicas de la Región tienen que ir muy de la mano, estamos obligadas a entendernos; de lo contrario, estaremos perjudicando el desarrollo y el futuro de la Región.

-¿Y por qué estamos en este momento de tan limitado entendimiento?

-Más que poco entendimiento es camino paralelo. El problema es que una universidad nueva ha tenido que construir en 25 años su propia historia y relato. Y para hacerlo, quizá ha tendido en exceso a tratar de diferenciarse de la universidad matriz. Tenemos que ser capaces de tender puentes y concretar ideas, como mancomunar servicios, que supone ahorro de recursos públicos. Desarrollar departamentos y títulos interuniversitarios como el de Data Science… ese es el camino. Las universidades, especialmente las públicas, padecen de un problema de resistencia al cambio extraordinario, y eso hay que vencerlo. La crisis tampoco ayudó nada; en la época de vacas flacas, cada universidad se replegó hacia su propia zona de seguridad y abandonó el terreno intermedio. Sería muy bueno que la UPCT, que ofrece títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura, pudiera ofertar cursos de primero en una sede en Murcia, por ejemplo. El foco del CMN estaba en la investigación y en la transferencia del conocimiento para toda el área mediterránea, y eso lo podemos hacer. Ahora, con un consejero que fue el ideólogo del CMN, se facilitarán los medios para que lo que pudo ser y no ha sido, sea finalmente.

-No ha habido manera de sacar adelante el plan plurianual de financiación, que acumula años de retraso. ¿Cómo lo explica?

-Ha habido coyunturas que lo han complicado, como la pandemia. El presupuesto es: ¿Cómo financiamos a las universidades? Con una dotación presupuestaria suficiente para que cumplan su función. Y eso pasa por asegurar su capítulo uno, es decir, el pago de las nóminas, el coste y el mantenimiento de sus infraestructuras y los gastos corrientes. ¿Qué cantidad es la que hace falta? Es muy sencillo, la que ya tenemos cada ejercicio, más los incrementos que cada año tiene que haber, por ejemplo, porque sube el IPC.

-¿No hay acuerdo en ese presupuesto?

-Otra manera de enfocar esto es decir: ¿Cuál sería el óptimo? El 1% del PIB. Y ahí ya no necesito plan de financiación. En cualquier programa político nos basta con una línea que diga 'compromiso a financiar con el 1% del PIB a las universidades públicas'. Si nos lo dan, podemos dar un salto de calidad extraordinario. El plan de financiación no es algo que las universidades pedimos, sino algo que la Comunidad nos ofrece para que alineemos nuestra actividad con los objetivos que la Comunidad nos marca, para que ponga los títulos que la Comunidad quiere que ponga, que impulse la investigación que quiere que impulse. Pídeme y dame para que haga, y exígeme responsabilidad, esa es la clave.

-¿En qué momento está la negociación?

-El consejero de universidades conoce perfectamente todo esto porque previamente ha desempeñado roles que le hacen saberlo, y entiendo que está trabajando en pergeñar un plan que responda a estas ideas. Antes de las elecciones va a ser muy difícil, pero deberíamos tener una propuesta clara antes del verano.

-Como candidato a rector, se comprometió a resolver el problema de la temporalidad en la UMU, y en concreto la situación de los asociados. El personal temporal es igual o superior que hace seis años, por encima del 40%. La LOSU dice que tiene que ir al 8%...

-El tema es muy complejo. La idea que había siempre era que el Ministerio planteara un gran programa que contribuyera a estabilizar a buena parte del profesor asociado, sobre todo el que está acreditado a figuras ANECA. Al final la LOSU contempla varias medidas: reduce la dedicación de los asociados, que baja de un máximo de 180 horas al año a 120, con la finalidad de que quien sea profesorado asociado realmente lo sea, que la docencia en la universidad no sea su medio de vida. Además, establece que las universidades tienen que hacer programas dirigidos a la estabilización y promoción de profesorado asociado acreditado a través de una convocatoria extraordinaria. El Ministerio de Hacienda no quiere que haya profesorado temporal, y la manera que ha tenido de desatar el nudo es cortarlo. ¿Cómo evito que haya un número tan elevado de profesorado temporal? Pues convierto al temporal en indefinido. ¿Cómo? En un proceso de estabilización, convocando las plazas ocupadas por asociados antes del 31 de diciembre del 24. Cuando se trata de un profesorado asociado real que tiene otra ocupación principal eso no representa ningún problema. Pero cuando se trata de un asociado que no lo es, que no tiene otro medio de vida, pues sí representa un problema grave.

-En esa situación hay unos 800 asociados en la UMU…

-De esos 800, casi la mitad son doctores, y la mitad de ellos están acreditados. También hay que tener en cuenta la situación real de las áreas de conocimiento donde los asociados imparten docencia, porque podría darse el caso de que estabilizáramos en áreas sobredotadas y mantuviéramos una situación de mala dotación en áreas que necesitan profesorado permanente.

-En esa ecuación parece claro que perderán plazas y horas de docencia asociados de áreas como Educación, Derecho, ADE...

-Hace un año hicimos una reforma del documento de asignación de docencia enormemente contestada; se nos acusó de que aquella reforma era un ERE encubierto. Dijimos por activa y por pasiva que no. Un año después resulta que solamente se han reducido en 13 unidades los contratos de profesorado asociado. Gracias a la reordenación que hemos hecho en la estructura de los grupos en algunas titulaciones, es posible que profesorado asociado que esté a 180 pueda bajar ya a 120. La idea que tenemos es no prescindir ni de una sola persona que quiera seguir. Cosa distinta es que haya que reajustar las condiciones del contrato.

-¿Osea, que se queden todos y se repartan el trabajo?

-La idea es que se repartan. Habrá supuestos inevitablemente donde eso no sea posible. Lo que no tiene sentido es entender que la oferta de estudios de la Universidad y la configuración de sus grupos tiene como objetivo ofrecer ocasión de trabajo a profesorado asociado. El objetivo es ofrecer las titulaciones que la sociedad murciana necesita y que sea impartida por un profesorado que tenga las mejores condiciones.

-Pero entenderá que ellos tienen la sensación de haber sido utilizados durante un tiempo en el que hicieron falta, durante la crisis económica, y de alguna manera ahora son ignorados. 

-Eso lo entiendo perfectamente. Tengo personas muy cercanas que son profesores asociados y sé la sensación de inequidad con la que viven sus situaciones. Un profesor asociado entiende mal que haciendo el mismo trabajo que un profesor a tiempo completo esté ganando tres, cuatro, cinco veces menos. Pero también habrá que entender que tenemos que tratar de ordenar con carácter general una situación que es enormemente compleja, que afecta a muchas facultades, a muchas áreas de conocimiento y a muchísimas personas.

-Acaban de aprobar un ajuste de grupos y de plazas muy contestado. ¿Volvemos a los años de 200 alumnos en clase?

-En ningún caso. Tratamos de hacer una reordenación ligera de la estructura de grupos y, lo reconozco, poco ambiciosa, de la oferta de títulos. Somos una universidad pública, y tenemos que dar respuesta a lo que la sociedad espera de nosotros y estar al cabo de lo que cada momento histórico exige. La oferta total de plazas para primer curso es casi igual a la del curso pasado, unas 6.800. De esas, bailan unas 260; hay títulos que incrementan algunas y otros en los que se reducen un poco. La sociedad murciana nos está pidiendo más regresados en Ingeniería Informática, en Biotecnología, en Ingeniería Química, en Medicina; también incrementamos en titulaciones del ámbito de Humanidades. A cambio, reducimos por razones muy concretas en 8 titulaciones, algunas de ellas, porque la propia facultad lo ha pedido. En el caso de Economía y Empresa, se trata de una petición de la facultad, habida cuenta de que la tasa de abandono en primer curso es del 50%. En ADE entran en primer curso un número de estudiantes muy por encima de los que estaban en condiciones de cursar la titulación. La reducción en Lengua y Literatura y Pedagogía ha provocado el malestar de las facultades y la acusación infundada de que atentamos contra las humanidades. En el caso de Lengua y Literatura pasamos de una oferta de 140 a 80, que son los que se venían matriculando estos años atrás; hemos ajustado la oferta a la demanda real. No entiendo por qué la UMU, y he sido rector durante cinco años y no lo he movido y se me puede criticar, tenía esa sobre oferta. Ahora creo que estamos haciendo lo correcto, porque eso cuesta dinero, y ese dinero que se gasta ahí no se aplica a otras, a ofrecer más plazas en otras titulaciones que sí tienen más demanda.

 -Pero está claro que a más alumnos menos atención por parte del profesor.

-Subimos a un estándar donde el grupo de teoría serían de unas 80 personas, que a su vez se dividen en dos grupos en las prácticas. Es muy simplista vincular directamente el número de estudiantes en un grupo con la mayor calidad, siempre y cuando nos movamos en un margen razonable. Yo hablo por propia experiencia de profesor y de alumno de Derecho. Un alumno en una clase con 400 compañeros, y no sentí en ningún momento merma en la calidad. Un profesor de Derecho que empezó dando clase en grupos de 300 estudiantes; me gustaría que preguntaran a los estudiantes que fueron alumnos qué opinión tienen al respecto. Actualmente doy clase en un grupo de 70 estudiantes que se divide en dos de prácticas de 35. La innovación docente nos ha enseñado muchísimas cosas, tenemos herramientas, instrumentos para generar nuevas dinámicas y tenemos un hito en ese conjunto que es la antigua magistral. A partir de ahí son tantas las cosas que se pueden hacer con aprovechamiento que me parece muy simplista decir que se pierde calidad porque un grupo en lugar de ser de 70 es de 80.

-Los alumnos que pidan plaza en ADE y Derecho y no la consigan por la reducción, muy probablemente terminen matriculándose en la UCAM... 

-O no van a la universidad, efectivamente. Con la oferta del año que viene, se tendrá que ir a otra universidad o no estudiar el alumno 361 de ADE, pero se tendrá que ir también el alumno 91 de Biología, el 81 de Biotecnología, el 41 de Ciencia y Tecnología de Alimentos... es demagógico poner el foco en ADE o Derecho porque en cada titulación hay un alumno siguiente que se tiene que ir a la privada o no estudiar en la Universidad. Cada uno de nuestros 55 grados tiene una oferta para servir a la Región formando a los futuros profesionales y para cubrir las expectativas de las familias de que sus hijos estudien en la universidad. Y eso hacerlo con dinero público. Esa es la ecuación que hay que hacer.

-El proyecto de Veterinaria en la UCAM está muy avanzado. ¿Qué opina de que se dupliquen títulos que ya están en la pública?

-Yo soy defensor de la universidad pública, que garantiza la función de ascensor social y de cohesión social. Una vez que la universidad pública está bien cuidada, el hecho de que haya universidades privadas no nos tiene que generar mayor complicación. A mí lo que me preocupa es que como universidad pública no se nos financie adecuadamente. El Ministerio acaba de publicar que estudiar un año el grado de Medicina cuesta 15.000 euros. Formar a un médico en España cuesta 90.000 euros. Un estudiante de una universidad como la UMU paga 1.000 euros por año. Obtiene su título pagando 6.000 euros de algo que cuesta 90.000. Por tasas y precios, la universidad pública recibe, sin embargo, unos 6.000. La diferencia la tiene que poner la Administración pública, y no lo hace al completo; la financiación que recibimos queda muy lejos de esa diferencia. Mi problema no es que la privada esté, porque los 200 primeros estudiantes de Medicina van a venir sí o sí a la UMU; es que no puedo ir al mercado, y quien lo impide, que es la Administración pública, me tiene que financiar para que haga bien mi trabajo. Me tendrá que dar el dinero para pagar a buenos profesores, para tener buenos edificios, para pagar la luz, porque los 1.000 euros que pagan los estudiantes apenas me dan para abrir.

-¿Mantendrán las tasas de matrícula congeladas el próximo curso?

-La cuestión es cuál debe ser la parte de tasas de los estudiantes y cuál es la parte de las comunidades autónomas. La suma de las dos cosas nos tiene que dar financiación suficiente. Si una de las partes decrece, la otra tiene que crecer. Luego reducir las tasas significa incrementar la financiación que viene fundamentalmente de la Comunidad.

-Esto se traduce en que si no sube la financiación hay que subir las tasas...

-Son vasos comunicantes y tiene que haber equilibrio.

-Pero las tasas del próximo curso deben aprobarse ya...

-Ha subido el IPC, la inflación , la energía… y las universidades mantenemos los precios de 2010. No hay que olvidar que un tercio de los estudiantes de la UMU reciben becas del Ministerio, y también hay becas de la Comunidad y la UMU. Al final, cuatro de cada diez estudiantes de la UMU no pagan matrícula. En ese contexto, la Conferencia General de Política Universitaria tiene que decidir si mantiene los precios de 2010, pero si se puede, se va a subir. Salvo que lo compense la Comunidad, que es quien decide. Yo creo que hacia el futuro debería replantearse una revisión al alza de los precios compensada con una política de becas mucho más fuerte de la que hay en este momento.

-Ha dicho en varias ocasiones que la LOSU es una oportunidad perdida…

-El gran problema de la universidad pública es la financiación. En la LOSU había una idea inicial de reforzar esa obligación y de alguna manera asegurar que llegáramos a 2030 teniendo garantizado el 1% del PIB. En el caso de la Región estaríamos hablando de una dotación de algo más de 300 millones de euros, cuando actualmente estamos entre las dos universidades en 240. Pero al final ha quedado en una mera declaración retórica de intenciones.

-El ministro ha defendido que la LOSU rebajará la endogamia y hará más transparentes las contrataciones…

-Hay un porcentaje muy elevado de profesores que se han formado aquí. La pregunta es, ¿cómo afecta al desenvolvimiento de la institución? En si mismo no lo veo malo; lo que es inadmisible no es la endogamia, es el enchufismo, y eso es lo que no puede haber de ninguna manera. Lo importante es que la persona que gana la plaza tenga más méritos que la persona que no la gana, y que eso sea absolutamente objetivable. La LOSU reconfigura la estructura de los tribunales para que haya más personas, pero rechazo la idea de que porque haya más personas de dentro de la universidad que de fuera en un tribunal, vaya a actuar al margen de la ley y de manera injusta.

-¿Comparte el rechazo de la Comunidad a la nueva Ebau? ¿Es partidario de una prueba única para toda España?

-La Ebau se entiende en ocasiones como una reválida, y no lo es. El estudiante ya tiene su título, que reconoce que tiene las competencias, no tiene que volver a demostrarlas. La prueba debe estar orientada a ordenar el acceso a la Universidad, pero parece que el Ministerio está empeñado en hacer una reválida. Soy partidario de pruebas objetivas, como las que se hacen en el Informe PISA y el MIR. En mi opinión personal, una prueba única estaría bien.

-¿Comparte la sensación de que los alumnos llegan cada vez peor a la Universidad?

-Los estudiantes de ahora tienen un perfil muy, muy, muy diferente, pero el mundo es otro.