Una investigación por fraude en la desaladora de Escombreras espera ya 7 años un informe policial
La jueza prorroga otros seis meses la causa sobre el presunto desvío de 120 millones de euros en ayudas de la Comunidad por parte de Tedagua
Siete años y casi tres meses. Este es el tiempo que el Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena lleva aguardando a que la Policía Nacional ... le remite el informe completo sobre un presunto fraude de al menos 120 millones de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma y a las de la Administración General del Estado en la gestión del contrato de explotación y mantenimiento de la desaladora de Escombreras por parte de la empresa Tedagua. A la espera de la remisión del citado documento, la titular del juzgado ha acordado una nueva prórroga de seis meses en las diligencias abiertas desde el 2017 por un presunto delito de malversación contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. En ellas están siendo investigados la citada compañía privada, varios responsables de la mercantil, empleados de la factoría de agua y un proveedor de la misma.
En un auto dictado el 5 de marzo, y al que ha tenido acceso LA VERDAD, la magistrada Consuelo Andreo resolvió ampliar el periodo de investigación «al estar pendiente de realizar nuevas diligencias y ser posible que del resultado de las mismas se desprenda la necesidad de acordar otras nuevas».
La instructora atendió la solicitud de Bernardino Guillén García, abogado de Joaquín Peña, un extrabajador de la desaladora que denunció la existencia de un pufo millonario desde el año 2007 y la posible connivencia entre responsables de Tedagua (que hasta 2021 perteneció al grupo ACS a través de Cobra) y de la Comunidad. Estos últimos habrían recibido regalos, como obsequios por Navidad, y otras contraprestaciones a cambio de consentir el uso indebido de subvenciones autonómicas a la desaladora, propiedad de la propia Comunidad.
El extrabajador fue despedido en 2016 por Tedagua por supuestos cobros ilegales a proveedores como administrativo de la desaladora. Y el juzgado, previa petición de la Fiscalía, lo imputó por esas presuntas 'mordidas', por un importe de 4.500 euros.
Análisis de un disco duro
El investigado reaccionó denunciando a su antigua empresa ante la Fiscalía, a la que entregó como prueba un disco duro con un terabyte de información sobre una 'caja b' y una trama dedicada a imputar a la Comunidad falsos gastos en Escombreras. Ello, a pesar del aparente control del Ente Público del Agua (EPA) de la Comunidad. El dinero de las ayudas públicas se habría desviado, entre otros fines, a desaladoras de la compañía en Badajoz, Rumanía, Argelia y Túnez.
Bernardino Guillén reclamó «que se dé un impulso procesal al procedimiento» y se solicite la entrega del informe al Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en la Región de Murcia. La Policía entregó un análisis parcial en febrero de 2019 y pidió más tiempo, alegando una «notable carga de trabajo». El letrado lamentó los perjuicios para su representado, pese a «colaboración total» con las autoridades, y la «pasividad» de la Fiscalía a la hora de esclarecer este «grave» asunto de corrupción.
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