La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas

Las playas de arena ya son solo un recuerdo de postal en algunos tramos de La Manga. El avance del hormigón, que continúa imparable en la franja turística, ya se sitúa sobre el Mar Menor en algunos tramos, debido a la invasión de algunos chalés y edificios, que impiden el mantenimiento de la playa y la continuidad natural del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). En las áreas más colapsadas, como el polígono y, entre Eurovosa y Manga Beach, los vecinos ya se encuentran serias dificultades para bañarse en la laguna.

Caminos con restos de hormigón de los vallados ilegales, accesos ocupados por viviendas y ausencia total de arena impiden a los residentes de estos polígonos disfrutar del que precisamente es el principal atributo de este enclave entre dos mares: la playa.

«Es imposible caminar entre las urbanización, debido a que algunos propietarios rellenaron los primeros metros del Mar Menor con enormes piedras y cemento para que los temporales no derribaran sus vallas», explican algunas residentes del polígono, y donde se encuentran algunas de las grandes urbanizaciones de los años 70 y 80.

Las licencias que el Ayuntamiento de San Javier concedió a escasos metros del agua han derivado en paisajes devastadores del ecosistema protegido. No tuvieron en cuenta que, unos años después, el mar reclamaría su dominio hasta las vallas de las casas. «Es una pena que nos hayan privado del uso de la playa pública y del paso entre las urbanización», explican las vecinas que han recogido firmas para que la Demarcación de Costas intervenga por fin para recuperar la franja pública costera.

«No podemos ni bañarnos ni pasear frente al mar», lamenta este grupo de residentes en la zona. Han entregado también las firmas al propio Ayuntamiento sanjaviereño para que, como último remedio, instalen pasarelas de madera que permitan un acceso seguro al Mar Menor.

Este tetris descolocado tiene impactos ambientales, económicos y administrativos, a veces incluso judiciales. Las edificaciones interrumpen la continuidad de las dunas, playas y vegetación litoral, que en algunos casos lleva desaparecida varias décadas. Los muros impiden el transporte natural de sedimentos, así que en episodios de temporal, el mar socava las orillas acelerando la erosión, dejando expuestos esos rudimentarios muretes. Al desaparecer los reservorios naturales de arena, la línea de costa se vuelve más vulnerable a inundaciones y retrocesos.

Por otra parte, esta ocupación del litoral incrementa las filtraciones contaminantes al Mar Menor, procedentes de las redes de evacuación de aguas residuales de las viviendas, aunque la laguna recibe también una dosis letal de agua dulce continua por el mal estado de la red de agua potable. El caudal perdido en las filtraciones al subsuelo se calcula en 614.751 metros cúbicos, según la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

El problema más visible es el que afecta a diario a los residentes: la pérdida de valor como lugar de vacaciones.

El galimatías administrativo es otra consecuencia del desorden urbanístico en La Manga. Costas ha iniciado en los últimos años más de 130 expedientes para determinar cómo proceder en cada caso de ocupación del DPMT.

La mayoría de los expedientes registrados han sido abiertos a solicitud de los propietarios de las edificaciones ilegales para obtener una concesión administrativa por varios años, ante la imposibilidad de vender una finca que el comprador no podrá inscribir en el Registro de la Propiedad porque se ha apropiado de un espacio público.

Según la Demarcación de Costas del Estado, los expedientes pueden culminar de tres maneras: en concesión administrativa de ocupación por un periodo determinado si cumple los requisitos, en una orden de demolición a ejecutar por el dueño, o en un derribo subsidiario por parte del Estado.

Hasta ahora, se han resuelto 13 expedientes, de los que 7 casos están pendientes de una concesión que otorgue seguridad jurídica a la construcción. En los otros 6 casos, las edificaciones han sido retiradas, por parte del dueño en algunos casos y, en otros, por ejecución de Costas. Una de las últimas intervenciones fue el derribo de la terraza y muro perimetral de una vivienda en la playa de Poniente.

En el Ayuntamiento de San Javier reciben cada semana «al menos un par de solicitudes de informes para tramitar una solicitud de concesión» a Costas. Algunas ampliaciones ilegales no se podrán legalizar y tendrán que retranquear el muro. El concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, es partidario de «aplicar un equilibrio entre los derechos de los propietarios, que en su día lo ejecutó legalmente, y la necesidad de liberar el espacio público». «Que cedan ambas partes para que se recupere un sistema de comunicación viaria», defiende el edil.

«Hay que empezar a trabajar de verdad en esto», afirma sobre la recuperación de la franja litoral para que La Manga vuelva a tener una línea de costa abierta al paso público.

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