La Inspección de servicios sociales suma 400 visitas en año y medio sin tramitar sanciones

En concreto, la Inspección completó en 2024 un total de 250 visitas, de las que 31 se realizaron en entidades y centros públicos, tanto de titularidad regional como municipal, y 219 en privados. Cerca de dos tercios de estas visitas se realizaron en residencias o centros de mayores (79) y de discapacidad y enfermedades mentales (82). A estas se suman otras 147 inspecciones realizadas en el primer semestre de 2025, según los datos facilitados por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

Para explicar la ausencia de sanciones, fuentes del departamento señalan «la actitud proactiva de la Inspección» y su «efecto positivo en la actividad de las entidades que prestan el servicio de atención residencial».

En este sentido, la Consejería recuerda que el servicio completó 648 asesoramientos específicos en 2024 en ámbitos como construcción de centros, normativa vigente, ratios, acondicionamiento de espacios, incapacitaciones, situaciones administrativas y protocolos, entre otros. «A través de los instrumentos que tiene a su disposición el servicio se consigue que el régimen sancionador tenga una relevancia menor en la actividad inspectora, ya que las residencias cumplen con las peticiones y recomendaciones que se les hacen», señala la Consejería.

Profesionales del sector consultados y sindicatos acuden, para explicar la estadística, a la «escasez de inspectores» y la baja exigencia que impone el decreto de condiciones mínimas, que lleva 20 años sin actualizarse. «Muchas empresas se escudan en el cumplimiento del decreto de mínimos, pero es que el decreto de mínimos que tenemos es una vergüenza», afirma la secretaria de Organización de Organización de Satse en la Región, Mercedes García.

La Comunidad cuenta con cinco inspectores para garantizar la calidad del sistema, que solo en centros de mayores y personas con discapacidad suma 669 instalaciones, de las que 163 son residencias. El equipo lo completa una jefa de Inspección y Acreditación que planifica y asigna las actuaciones.

La ley de Servicios Sociales de la Región, en vigor desde 2021, establece que el Ejecutivo autónomo debe garantizar, como mínimo, un inspector por cada 200.000 habitantes. Según este cálculo, Política Social debería sumar tres inspectores más para alcanzar la exigencia, hasta contar con ocho. Aunque para el coordinador del sector de la Administración autonómica de CC OO en la Región de Murcia, Francisco Saura, ese incremento seguiría siendo «muy insuficiente». Según advierte, si se suman todos los centros, las entidades y servicios sociales que caen bajo el paraguas de la Inspección, el control se vuelve «imposible». «Hay 1.700 centros y entidades, por lo que, si en un año se realizan unas 250 inspecciones, con cinco personas no puedes cubrir ni el 15% de lo que se necesita».

Para Satse, el problema se agrava, además, por el creciente peso del sector privado, donde cree que debería endurecerse la exigencia. «Ahí las ratios son muy escasas. Hay residencias de mayores que solo tienen enfermera en el turno de mañana, mientras que por la tarde y por la noche no hay. Y también pasa con los fisioterapeutas, que deberían ser algo básico y hay muy pocos. En los cuidados no puede primar el negocio».

El responsable de CC OO estima que la Comunidad «no debería contar con menos de 12 inspectores, sobre todo, teniendo en cuenta que se les adjudicaron nuevas competencias de instrucción en la ley de Servicios Sociales y el incremento de residencias de los últimos años». «Hay muchísimos centros de servicios sociales que prácticamente no se inspeccionan nunca y a los que no se puede llegar», afirma.

La previsión del Gobierno regional es incorporar a la plantilla dos inspectores más en 2026 y otro en 2027, alcanzando así la ratio prevista en la normativa, según adelantan desde la Comunidad.

El presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geríatrica y Gerontológica, Carmelo Gómez, destaca la importancia que tiene la labor de la Inspección, «porque existe para proteger al ciudadano, que es el objeto del contrato de la Administración con las entidades que prestan servicios y que tienen establecidas unas condiciones de funcionamiento básicas y otras de mejora que hay que garantizar».

La labor es ingente. En las visitas de inspección de los centros residenciales, se debe incluir el control del estado de mantenimiento del inmueble, revisiones de instalaciones técnicas, sistemas de prevención y extinción de incendios, el plan de emergencia, la accesibilidad y la vigencia de las pólizas de seguro. A lo que se suman tareas relacionadas con el funcionamiento del centro. En este aspecto, los inspectores deben revisar la existencia de protocolos de actuación y la cumplimentación de los registros correspondientes –de incidencias, contenciones, úlceras, tomas de medicación, reclamaciones y fugas–, los programas individuales de actuación de algún residente de forma aleatoria, los menús o los reglamentos de régimen interior, entre otras cuestiones. Por último, en lo referente al personal, hay que supervisar la existencia de profesionales adecuados, de las titulaciones que se requieran o los certificados de inexistencia de antecedentes de naturaleza sexual.