Otro informe de la UCO amplía a la fauna la contaminación por metales junto a un vertedero de residuos mineros de Cartagena

El derrame de desechos «supone una contribución continua de contaminantes hacia la rambla del Ponce y de ésta hacia el Mar Menor, lo que contribuye a la no recuperación del buen estado cuantitativo« de la laguna, advierte la Benemérita. Y ratifica «la superación de los niveles genéricos de referencia por metales pesados en el suelo de las inmediaciones del depósito«, entre ellos los de parcelas agrícolas. El dictamen de la Ucoma fue solicitado por el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, dentro de la causa abierta contra Portmán Golf, empresa propietaria del vertedero, por un presunto delito contra el medio ambiente

Los especialistas en medio ambiente del Instituto Armado constatan por primera vez, en un estudio solicitado al juzgado por Ecologistas en Acción (que ejerce la acusación particular), un perjuicio para la fauna silvestre. Se trata de la presencia de «concentraciones elevadas de arsénico, cadmio, zinc, cobre, cromo y plomo« en muestras de heces de conejo tomadas en »el área adyacente a la línea de escorrentía más próxima al vaso del vertedero«.

«Con el objetivo de evaluar la exposición de la fauna silvestre a la contaminación del suelo y su posible transferencia a lo largo de la cadena trófica, se procedió al muestreo de excretas de conejo común ('Oryctolagus cuniculus') en el área adyacente a la línea de escorrentía más próxima al vaso del vertedero. Además, se ha tenido en cuenta el área de campeo de un conejo, el cual es reducido, por lo que se puede deducir que la zona de alimentación se encuentra dentro del área de estudio«, explica la Ucoma en el informe, al que accedió este viernes LA VERDAD.

Y añade que el análisis de las heces «indica una incorporación de estos metales a través de la dieta». «Aunque los análisis sugieren que la especiación química de estos elementos se corresponde con una biodisponibilidad limitada, la exposición prolongada derivada de la ingesta continuada de vegetación con elevados valores de estas sustancias implica un riesgo de una exposición crónica para la especie, pudiendo afectar negativamente a su salud, la reproducción y supervivencia, con posibles repercusiones sobre el equilibrio del ecosistema local«, señala la Guardia Civil. Y detalla concentraciones de 34,3 miligramos por kilo de arsénico, 7,06 de cadmio, 3,948 de plomo y 1.009 de zinc.

Respecto a las «afecciones sobre el medio natural y la salud de las personas», la Ucoma destaca al juzgado que «en el caso de los suelos agrícolas la contaminación derivada de la escorrentía de residuos mineros es especialmente significativa«. Y agrega que »el arrastre de sedimentos con alta concentración de metales pesados genera un impacto negativo sobre la biodiversidad vegetal, ya que estos metales pueden alterar la composición del suelo y por tanto su función«. Y añade que las plantas absorben esas sustancias químicas por las raíces y sufren » pues daños visuales en los tejidos, como se pudo comprobar sobre la especie 'Trifolium spp' (trébol) edía de la recogida de las muestras«.

A preguntas de este diario, fuentes la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor indicaron que «la empresa tiene hasta marzo de 2026 para sellar» el vertedero, conforme a las exigencias legales y técnicas incluidas en un expediente administrativo. En la Dirección General de Medio Ambiente, que tiene al frente a Juan Antonio Mata, no indicaron en qué situación se halla el expediente de descontaminación de las parcelas agrícolas.

Portmán Golf siempre ha negado ante el juzgado la falta de impermeabilización del vertedero y el presunto incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). También ha asegurado que siempre ha seguido las indicaciones de la Comunidad Autónoma y ha solicitado el archivo de esta causa penal, abierta desde el año 2014.

La corta minera Los Blancos acoge los restos de la Balsa Jenny, trasladados desde un solar de Llano del Beal entre los años 2005 y 2008. La Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente gastaron 6,5 millones de euros en el transporte de un millón de toneladas de residuos.

El juzgado también investiga también presuntas irregularidades en el traslado de esos desechos en camiones. En 2023, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil denunció la contaminación de unos caminos con 15.890 toneladas de desechos mineros con altas concentraciones de metales pesados y el arrastre de esos tóxicos al Mar Menor.

El material cayó presuntamente a las sendas desde los vehículos, al no ir estos cubiertos. En noviembre, la Audiencia Provincial acordó el archivo del procesamiento de las empresas Tragsa y Gestalia, al considerar que carecen de toda eventual responsabilidad penal en ese transporte. El motivo es que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas data de 2010 y el posible delito ha prescrito. Ecologistas en Acción exige que la Comuniad Autónoma aplique la normativa ambiental y garantice el saneamiento de esos terrenos.