El IMAS cesa al director de la residencia López Ambit que denunció una «purga»
Trabajadores y familias claman contra la decisión del organismo, que reconoció en 2017 la «eficiencia y eficacia» del responsable del centro
La residencia para personas con discapacidad Julio López Ambit, en la pedanía murciana de El Palmar y una de las pocas de la Región ... que ha mantenido el coronavirus a raya durante toda la pandemia sin un solo contagio, lleva desde el pasado lunes sin director y varias semanas más que estará sin un responsable visible al frente hasta que se ocupe el puesto que se ha quedado vacante. Esta situación, que ha provocado la indignación de sindicatos y familias, se ha producido después de que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), del que depende el centro, se haya empecinado en cesar de forma fulminante a quien venía ejerciendo estas funciones desde hace más de un lustro, Ramón Murcia Alburquerque, un educador social muy respetado por las familias, por sus compañeros y hasta por el propio Gobierno regional.
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De hecho, este funcionario obtuvo en 2015 el Premio a la Innovación y las Buenas Prácticas de la Consejería de Hacienda. Poco después, en 2017, fue el propio presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien entregó a Murcia uno de los premios al personal al servicio de la Administración Pública. «Es una suerte contar con personas comprometidas, con profesionales que, como tú, hacen más fácil que la Comunidad atienda las demandas de un millón y medio de personas», le dijo López Miras en una carta.
En la justificación del galardón se valoraba la «notoriedad y perseverancia» del funcionario «en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los puestos en los que ha desarrollado su actividad profesional», además de su «excepcional entrega, vocación y compromiso con el servicio público, lo que se ha materializado en una indiscutible eficacia y eficiencia organizativa y funcional de la residencia Julio López Ambit bajo su dirección».
Murcia recurre la decisión por «ilegal» y su plaza estará vacante durante semanas
«Otros perfiles profesionales»
Ahora, en la resolución del IMAS en la que se justifica el cese de Murcia, y a la que ha tenido acceso LA VERDAD, se expone sin embargo que «por necesidades del servicio y organizativas, y dentro de un plan de reestructuración de las direcciones de los centros residenciales dependientes del IMAS, se van a iniciar distintos procesos para la selección de perfiles más adecuados a los nuevos modelos de gestión que se van a implantar en estos centros, con arreglo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad». En este sentido, deja claro el IMAS en su resolución que el perfil de Ramón Murcia «no es el adecuado en estos momentos, ya que estos modelos se van a centrar en un cuidado más especializado de las personas y otros perfiles profesionales», sin especificar cuáles. Fuentes de la Consejería de Política Social, sin embargo, negaron ayer a LA VERDAD que hubiera un plan de «reestructuración», como asegura el documento, y reconocieron directamente que «estamos relevando a algunos directores que consideramos porque los equipos se reajustan, aunque seguimos contando con ellos». Tampoco especificaron las mismas fuentes qué otros directores han sido relevados ni el nuevo modelo que pretende imponer en los centros, a pesar de haber defendido estos meses el éxito en la gestión de la pandemia.
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«Un disparate»
Murcia pidió al IMAS una prórroga de su jubilación, aunque la única respuesta que encontró fue comprobar que la Consejería había ofertado ya su puesto mientras él seguía ejerciendo como director de la residencia. El IMAS retiró la oferta solo unas horas después y el nuevo director del organismo, Raúl Nortes, cesó a Murcia unos días más tarde. Ahora Murcia ha recurrido su cese, que considera «ilegal», y en su día ya avanzó que se planteaba como «una purga». El funcionario lamenta que «los trabajadores comprometidos con lo público son castigados y los mediocres triunfan». Las familias y varios sindicatos pidieron explicaciones a la Consejería por una decisión que consideran «un disparate, una barbaridad que no redunda en el interés público».
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