La huelga de letrados de Justicia obliga a cancelar 10.657 actuaciones

En concreto, del 27 de febrero al 3 de marzo no se pudieron celebrar 777 de las vistas y juicios señalados y dejaron de practicarse 470 declaraciones y 22 diligencias fuera de la sede, según los datos recabados por la Coordinación Provincial de la Secretaría de Gobierno y que figuran en el informe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe también recoge la incidencia del paro de estos funcionarios por jurisdicciones durante las cinco últimas semanas. Así, en la jurisdicción civil y mercantil se suspendieron un total de 1.285 juicios, en la penal 1.042, 264 en el orden social y 656 en contencioso administrativo. Además, dejaron de practicarse 757 vistas y 964 diligencias en los registros civiles, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Desde que empezó el paro, los LAJ y el ministerio se han reunido en cuatro ocasiones. La primera tuvo lugar el jueves 16 de febrero; aquella vez estuvieron más de 15 horas en la sede de Justicia y terminaron sin acuerdo y con reproches mutuos. La segunda reunión fue el 23 de febrero, y aunque esa vez también se sentaron y se levantaron de la mesa sin acuerdo, consiguieron fijar una cita el 27 de febrero para continuar con la negociación. Ese día se reunieron, sin éxito, por tercera vez, señalando un cuarto encuentro para el día siguiente, una reunión también fallida.

El contexto de la huelga es el incumplimiento del Ministerio de los acuerdos alcanzados en abril, según denuncian. Pero Justicia defiende que la adecuación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya supuso una «subida sin parangón» de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas, no con los corporativos.

Según el colectivo afectado, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos cobra poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500 euros, aunque la media es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone el 65% de los que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que este porcentaje aumente al 85%.