Greenpeace saca pancartas en Cartagena para exigir la protección del Mar Menor

Activistas con pancartas pidiendo la protección del Mar Menor./Greenpeace
Activistas con pancartas pidiendo la protección del Mar Menor. / Greenpeace

Los activistas piden la aplicación inmediata de las medidas agrarias que exige la ley autonómica de sostenibilidad ambiental de la laguna salada

EPMurcia

Activistas de Greenpeace desplegaron este jueves una pancarta en una finca del campo de Cartagena para reclamar al Gobierno regional la aplicación inmediata de las medidas agrarias que exige la ley autonómica de sostenibilidad ambiental y que «garantizarían la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor».

Según la organización ecologista, la laguna salada «actualmente se encuentra en un estado de contaminación grave debido a la intensificación del regadío y la mala gestión del agua».

Las pancartas, con los lemas 'Salvemos el Mar Menor' y '¡Cumplimiento de medidas urgentes ya!', denuncian que «la ausencia de implementación de esta norma provoca que se sigan vertiendo nitratos y otros productos tóxicos a la laguna costera, que ya ha sufrido un colapso ambiental».

La Asamblea Regional aprobó esta ley el pasado mes de febrero y hasta la fecha «no se ha dado ningún paso para su aplicación», critica la organización, que recuerda que la ley «establece una clasificación por zonas en función de la urgencia de la gestión».

Greenpeace

La explotación agraria en la que se ha desplegado la pancarta se encuentra dentro de la denominada zona 1 que, según la normativa, dispone de un plazo de un año para implementar las medidas urgentes que reclama la organización ecologista.

Sin embargo, el Gobierno murciano «no está dando ningún paso para asesorar y controlar la puesta en funcionamiento de esta serie de medidas exigidas a los agricultores».

En este caso, «ni siquiera se ha cambiado la orientación de los cultivos, que favorece que las aguas de escorrentía, cargadas de abonos químicos, lleguen al Mar Menor sin retención alguna», dice.

«Transcurridos ya cinco meses desde la entrada en vigor de esta ley, la administración viene dando claras muestras de su negativa a llevarla a efecto, como ya ocurriera con su propio Decreto de Medidas Urgentes de abril de 2017, que nunca se puso en práctica y solo fue notificado a las organizaciones agrarias ocho meses después de su entrada en vigor», señaló el portavoz de Greenpeace, Joaquín López.

Esta actitud por parte de las autoridades responsables «no solo ahonda en el deterioro ambiental del Mar Menor, sino que supone un perjuicio para los propios empresarios de la industria agroalimentaria, cuya imagen en los mercados europeos se está deteriora gravemente como consecuencia de las malas y descontroladas prácticas que tan graves consecuencias están teniendo para este ecosistema único».

«Tampoco hay constancia sobre qué medidas se adoptarán para el control de los nitratos ni de si se están suprimiendo los regadíos ilegales, circunstancia especialmente grave en una región en la que la reclamación de trasvases es continua y en la que, a menudo, hay que recurrir a la explotación de pozos ilegales y la desalación particular mediante desalobradoras que no cuentan con autorización», concluye.

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